En Ecuador, el flujo transfronterizo de armas de procedencia industrial aumenta la delincuencia y se agrava con la actual crisis carcelaria. En lo que va de 2021 se han registrado más de 2.000 homicidios a menos de un mes de que acabe el año. Esta cifra superó las 1.372 muertes registradas en 2020 y representa casi el doble de las 1.187 de 2019.
Hasta octubre de 2021, en Ecuador, hubo una tasa de 11 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 3 puntos más de lo registrado en 2020 y cerca del promedio regional de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las investigaciones de Insight Crime en América. Estos crímenes están siendo perpetrados por armas cada vez más sofisticadas que ingresan en grandes cantidades al Ecuador, con territorio estratégico para los mercados internacionales de las drogas. Según la Policía, entre los muertos figuran narcotraficantes asesinados en ajustes de cuentas, aunque también procedentes de homicidios asociados a robos y asaltos.
Un informe de los legisladores integrantes de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, elaborado en octubre, y al que tuvo acceso diario El Universo, reveló un incremento atípico de la violencia. Esto antes de la masacre que arrebató la vida de 65 internos en la Penitenciaría del Litoral en noviembre. Los baños de sangre en esa cárcel ecuatoriana, junto con otros más perpetrados este año, dejan alrededor de 335 muertos, según nuevos datos del Ministerio de Gobierno.
Las armas, que incluso permiten alcanzar a una víctima a más de 1 kilómetro de distancia y cuya tecnología es de última generación, ingresan al Ecuador a través de la frontera norte, que comparte con Colombia, y de la sur, que comparte con Perú.
El informe de la comisión legislativa recoge que mientras las armas de fuego de origen artesanal disminuyen, las armas de alta tecnología que ingresan desde el Perú aumentan. Una investigación del diario El Universo indica que las armas ilegales se destinan al tráfico de drogas y delitos relacionados.
A mediados de este año, los militares habían destruido 5.514 armas, muchas de las cuales habían sido incautadas en operativos contra delincuentes comunes. El 17 de noviembre se fundieron 4.254 más, lo que significa que la destrucción de las armas incautadas casi se duplicó. El coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, habló con El Universo y explicó que la situación responde a una acumulación de delitos asociados a la posesión ilícita de armas y de armamento militar que se explica en la inacción de los gobiernos anteriores.
Hace tres semanas, la Policía encontró alrededor de 20 armas en una mina. Las armas eran rifles, ametralladoras, escopetas y municiones. También se encontró 6.000 tacos de dinamita, todo valorado en USD 100.000 y procedentes del Perú.
El comercio de armas también procede de la frontera norte con Colombia. El límite territorial se extiende por aproximadamente 578 kilómetros y según las estimaciones de las autoridades militares existen más de 100 cruces fronterizos no autorizados que comunican a pequeñas poblaciones de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en Ecuador con Nariño y Putumayo en Colombia.
En otra incautación, el 14 de agosto de este año en Guayaquil, la Policía Nacional del Ecuador encontró 9,5 toneladas de cocaína y 10 fusiles cuya capacidad de destrucción podría atravesar un camión blindado, según indicó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.
También en octubre de este año, a 5 kilómetros de la prisión ecuatoriana en donde se produjo la masacre más sangrienta del sistema carcelario que dejó 119 reos asesinados, la Policía Nacional allanó una vivienda que funcionaba como centro de acopio de una banda delincuencial. En la casa ubicada en una urbanización privada los policiales encontraron drones, explosivos y municiones. Las autoridades sospechan que el armamento iba a ingresar, con la ayuda de los drones, a la cárcel.
Como parte de las operaciones policiales, en otra vivienda se arrestó a tres personas sospechosas de ingresar objetos ilegales a las cárceles de Guayaquil. Entre los detenidos está ‘alias’ Choco, quien es funcionario del Servicio de Atención Integral, entidad encargada de las cárceles. La Policía indicó que hubo una denuncia reservada hace algunos meses en contra del funcionario. Las investigaciones policiales determinaron cómo acumulaba armas de fuego para ingresarlas a las cárceles.
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