La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este miércoles al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a “terminar con el acoso y acorralamiento de las voces críticas”, el mismo día en que fue inhabilitada Cristiana Chamorro, precandidata a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Según un comunicado difundido por la SIP, se trata de una nueva escalada de violencia estatal contra los periodistas independientes y contra Chamorro, ex directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y precandidata a las elecciones generales.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, adelantaron en el comunicado que la institución se mantiene en estado de alerta ante la “violencia gubernamental y la ausencia de debido proceso judicial”.
La Policía de Nicaragua allanó este miércoles la vivienda de la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, quien fue acusada en la víspera por el Ministerio Público de los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
La opositora nicaragüense, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue inhabilitada este miércoles para participar en los comicios de noviembre, en los que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección.
Según la SIP, que tiene su sede en Miami (EEUU), “el régimen utiliza estas armas para seguir erosionando la democracia, cortando la libertad de expresión y silenciando al periodismo y las voces independientes”.
“El proceso contra la ex periodista Chamorro es claramente una forma de coartar la libertad política y de expresión frente a las elecciones de noviembre próximo”, señaló el comunicado de la SIP.
La organización regional recuerda además que, a principios de esta semana, la policía arrestó a Walter Gómez y Marcos Fletes, agente financiero y contador de la FVBCH, respectivamente, quienes permanecen incomunicados.
La Fiscalía también solicitó la retención migratoria para la periodista María Lilly Delgado y otros dos ex trabajadores de la fundación, y más de 20 periodistas fueron citados y entrevistados por el Ministerio Público que investiga a Chamorro.
“La falta de independencia judicial en Nicaragua permite al Gobierno mantener un alto nivel de persecución contra Chamorro y los periodistas independientes”, alertaron Canahuati y Jornet. “No existen garantías ni debido proceso en el país, por lo que tememos que todavía no hayamos visto lo peor de este régimen”, auguraron.
Con información de EFE
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