La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió protección para 16 opositores presos, entre ellos la belga-nicaragüense Amaya Coppens, ante la situación de “gravedad y urgencia” que viven, según la resolución emitida este viernes en Washington.
La comisión considera que "los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás detenidos se encuentran en situación de gravedad y urgencia”, dijo la comisión.
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El 14 de noviembre, 13 de los presos fueron detenidos tras entregar agua y medicamentos a un grupo de 11 mujeres que estaban en huelga de hambre en una iglesia para exigir la libertad de parientes detenidos. Los otros tres fueron capturados en sus casas, según familiares y organismos de derechos humanos locales.
Los detenidos están encerrados en celdas pequeñas de cemento, sin colchones o almohadas, sufren malos tratos, agresiones o amenazas y carecen de atención médica, denunció la CIDH.
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El Gobierno de Nicaragua aún no dado respuesta a las solicitudes de información de la comisión.
La fiscalía acusó a los detenidos de “tráfico ilícito de armas” y la policía les presentó como una banda criminal que pretendía llevar a cabo atentados en edificios públicos, agregó el escrito.
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La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamó al Gobierno de Nicaragua a que “garantice el derecho a la vida, integridad personal y salud” de los beneficiarios de dichas medidas cautelares.
Coppens, de 25 años, fue detenida con otros 12 opositores el 14 de noviembre, cuando intentaba llevar agua a 11 mujeres que hacían una huelga de hambre en una iglesia de la ciudad de Masaya (sur) para pedir la libertad de más de 150 manifestantes.
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Esta fue la segunda encarcelación de la líder estudiantil. Coppens fue detenida anteriormente durante las manifestaciones de abril de 2018 contra el presidente Daniel Ortega y fue liberada en junio pasado bajo una polémica amnistía.
Familiares y organismos de derechos humanos estiman que más de 150 personas están detenidas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, pero las autoridades niegan que hayan presos políticos.
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La CIDH estima que las protestas que estallaron en abril de 2018 dejaron un saldo de 328 muertos, centenares de detenidos -la mayoría liberados en junio bajo una ley de amnistía- y más de 60 mil exiliados.
(Con información de AFP)
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