
Las pulseras telemáticas para maltratadores vuelven a marcar este año la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con los dispositivos bajo la lupa europea por posible fraude y con más de 1.400 víctimas sin la distancia segura mínima.
El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos.
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Si bien, corresponde a la Autoridad Judicial acordar que la medida o pena de prohibición de aproximación impuesta en el procedimiento que se siga por violencia de género o violencia sexual sea controlada por este Sistema.
En concreto, el Sistema busca tres objetivos: hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad y contribuir a su recuperación; documentar el posible quebrantamiento de la prohibición de aproximación impuesta; y disuadir al investigado.
La polémica sobre esta herramienta saltó en septiembre de 2025 cuando la Fiscalía General del Estado alertó en su memoria de absoluciones de agresores por "fallos" en los dispositivos y problemas con el prestador del servicio tras el cambio de empresa adjudicataria del Sistema Cometa.
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Estos fallos provocaron que el Congreso aprobase una iniciativa para exigir el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la gestión de los dispositivos y reclamar una auditoría "urgente".
El sistema volvió a registrar una incidencia técnica el 11 de noviembre de 2025 que afectó a la recepción y emisión de llamadas y a las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth. Este fallo obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección para las víctimas.
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Al día siguiente, el 12 de noviembre de 2025, la Comisión Europea confirmó que examinaría los fallos detectados en las pulseras antimaltrato y evaluaría si las disfunciones comprometían los fondos de recuperación de la Unión Europea destinados a financiar este equipamiento.
En el arranque de 2026, el 12 de enero, el Tribunal de Cuentas anunció que incluiría en su programa anual la fiscalización de la contratación y el control de las pulseras telemáticas para maltratadores. Ocho días más tarde, el 20 de enero de 2026, el Gobierno aprobó una nueva licitación por un importe superior a los 71 millones de euros para renovar la gestión del servicio hasta 2029 con el objetivo de reforzar el sistema.
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Por su parte, el Ministerio de Igualdad resolvió el 6 de marzo de 2026 imponer una sanción económica de 25.285 euros a Vodafone, empresa adjudicataria del servicio, como consecuencia de la incidencia técnica ocurrida en noviembre. Ese mismo mes, el 24 de marzo de 2026, el Parlamento Europeo acordó mantener abierta una petición ciudadana sobre los fallos en los dispositivos mientras Bruselas terminaba de aclarar el impacto sobre los fondos comunitarios.
Mientras, el 23 de septiembre de 2026, el Tribunal de Cuentas publicó el resultado de su auditoría, en la que alertaba de "graves deficiencias" tanto en la contratación como en el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento. El órgano fiscalizador recalcó en su informe que en este tipo de servicios destinados a proteger a víctimas de violencia de género y sexual "debe primar sobre todo la calidad en la prestación".
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Finalmente, el jueves 12 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea (EPPO) anunció una investigación por un presunto delito de fraude con fondos de la Unión Europea destinados a las pulseras para maltratadores en España. Las diligencias, dirigidas desde la oficina de Madrid con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluyeron actuaciones para recabar documentación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, según recoge el último informe del centro de control Cometa, dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un total de 1.415 mujeres tienen pulseras telemáticas para maltratadores con órdenes de alejamiento con distancias por debajo de la distancia mínima recomendada de 350 metros.
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Según publicó recientemente 'El País' y confirmaron a Europa Press fuentes gubernamentales, el documento registra un total de 5.817 expedientes abiertos y detalla que 25 dispositivos tienen establecida una distancia inferior a los 100 metros; 139 se sitúan entre los 100 y los 199 metros; y 1.251 comprenden un perímetro de entre 200 y 350 metros.
Por encima de ese umbral técnico, el informe contabiliza 43 expedientes con órdenes de entre 351 y 399 metros; 3.935 fijados exactamente en 500 metros; y 383 con un radio superior a los 500 metros.
En el texto, los técnicos de Cometa -servicio encargado de gestionar y vigilar estas pulseras- subrayan que "el protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos establece que la distancia de alejamiento aconsejable para que el sistema sea más eficaz debe ser, al menos, de 500 metros".
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Asimismo, desde Cometa precisan que las recomendaciones técnicas del fabricante contemplan una distancia "no inferior a 350 metros para favorecer el adecuado funcionamiento de los dispositivos de localización GPS".
REDONDO PIDE DISTANCIA SUFICIENTE
Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró en un mensaje en sus redes sociales en noviembre que "proteger a las mujeres es esencial" y que "los jueces tienen que establecer órdenes de alejamiento con la distancia suficiente". "Se lo hemos recordado en múltiples ocasiones y hemos ofrecido formación también de forma reiterada", recalcó.
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En concreto, el Ministerio de Igualdad alertó en febrero de que las órdenes de alejamiento que fijan un perímetro de menos de 350 metros dificultan la protección de las víctimas de violencia machista.
De hecho, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, fue la que pidió por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía garantizar la efectividad en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores.
Por un lado, recogió en la misiva los supuestos en los que la distancia de prohibición de aproximación a la víctima es inferior a 350 metros. En esta línea, advirtió de que, a menos distancia, la capacidad de reacción es "muy complicada" para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) lleguen a tiempo para evitar agresiones.
EL CASO DE UNA MUJER EN IBIZA
En esta línea, en febrero, una mujer de 31 años resultó herida de gravedad en Ibiza a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor, y que también hirió a la madre y a la hermana de la víctima. En cuanto a este caso, desde el Ministerio de Igualdad aseguraron que el sistema de control telemático funcionó correctamente y añadieron que el sistema registró y transmitió las señales previstas, conforme al protocolo.
De la misma manera, desde el Ministerio indicaron que la orden de alejamiento que la mujer tenía en vigor es de 100 metros, una distancia reducida que, aun cumpliéndose desde el punto de vista operativo, limita el margen de reacción ante una aproximación repentina.
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