Denuncian el asesinato de 45 líderes sociales en los 100 primeros días de gobierno de De la Espriella

En los 100 primeros días de gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella se han contabilizado 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz y 26 masacres durante, según el balance presentado por la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

"Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un panorama preocupante en materia de derechos humanos y conflicto armado. Los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, las masacres, los desplazamientos forzados y las afectaciones a las comunidades muestran que la violencia continúa teniendo graves consecuencias sobre la población civil, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto", ha destacado Indepaz en su informe '100 días: el costo humano de la violencia'.

Indepaz expresa además su preocupación por "la persistencia de las confrontaciones armadas, el uso de drones con explosivos y los riesgos asociados a las operaciones militares, especialmente cuando pueden encontrarse niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados".

"A esto se suman las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que deben ser investigadas de manera pronta, rigurosa e independiente", ha planteado.

El balance, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, recoge hechos ocurridos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.

La violencia contra líderes sociales se concentró principalmente en los departamentos del Cauca (suroeste), con once casos, y Antioquia (noroeste), con ocho, seguidos de Putumayo (sur), con cuatro.

El informe también contabiliza ocho firmantes del acuerdo de paz asesinados, todos hombres, a lo que hay que sumar 26 masacres que dejaron 87 víctimas mortales, entre ellas cinco menores de edad, y 6.667 personas desplazadas por la violencia durante agosto y septiembre.

La ONG subraya que estos crímenes no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del actual Gobierno, pues responden también a dinámicas territoriales y conflictos anteriores, aunque recuerda que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población y garantizar los derechos humanos.

Además, abogan por "el diálogo y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado son el mejor camino para poner fin a la violencia y evitar que se sigan perdiendo vidas humanas". "La respuesta militar, por sí sola, no resolverá las causas profundas de la violencia ni garantizará una paz duradera", ha remachado.