Exvicepresidente de Bolivia García Linera confirma que está en México con "asilo político"

La Paz, 12 nov (EFE).- El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera confirmó este jueves que se encuentra en México con "asilo político", en medio de una investigación abierta contra él y el expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en un operativo policial en un hotel de Santa Cruz en abril de 2009, que dejó tres extranjeros muertos y otros dos detenidos.

"Estoy en México y tengo asilo político en México", respondió escuetamente García Linera a una consulta de EFE desde La Paz, sin dar más detalles.

Es la segunda vez que García Linera, quien fue vicepresidente de Morales (2006-2019), se encuentra asilado en México. El 12 de noviembre de 2019, ambos llegaron al país norteamericano con ese estatus, tras renunciar dos días antes en medio de la crisis posterior a las elecciones generales fallidas de ese año.

La fuerza opositora Libre presentó en octubre pasado a la Fiscalía una acusación con la que busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, para que respondan por las "ejecuciones sumarias" y posteriores "detenciones ilegales" y "torturas" por el llamado caso 'terrorismo'.

La investigación se encuentra en curso después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio luz verde a la actuación fiscal la semana pasada.

El caso se remonta a abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

El Gobierno de Morales acusó a todos de integrar una célula terrorista que supuestamente pretendía separar Santa Cruz de Bolivia y atentar contra el entonces presidente, acusación negada por los procesados, quienes denunciaron que el entonces Ejecutivo había impulsado el proceso por motivos políticos para acallar a sus detractores en Santa Cruz.

En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado y, tras cumplir sus penas, abandonaron Bolivia y denunciaron al Estado ante organismos internacionales.

El caso se cerró en 2020, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) levantara los cargos contra los acusados.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que concluyó que «el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» en perjuicio de los 39 afectados en el proceso.EFE