
El Partido Popular ha planteado reducir el IRPF de los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante los cuatro primeros años en que paguen este impuesto, con una rebaja que será del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.
La propuesta forma parte de un paquete fiscal recogido en el programa electoral del PP, presentado este martes bajo el título 'Reconstrucción nacional. El programa del cambio necesario para España'.
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Entre las medidas, se plantea elevar los mínimos personales y familiares del IRPF y bajar el IRPF de las rentas medias y bajas y de las familias. En concreto, el PP se compromete a que, quien cobre el salario mínimo no pagará IRPF, algo que se hará por ley, en lugar de hacerlo como actualmente vía real decreto cada año.
La formación plantea, asimismo, deflactar la tarifa del IRPF y actualizar los principales parámetros del impuesto para evitar que la inflación se traduzca en una mayor carga tributaria. "El Estado no hará caja con la inflación a costa de las familias", señala el programa.
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Además, mientras persista la actual crisis de inflación y de poder adquisitivo, el PP ha asegurado que aplicará un IVA del 0% a los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado y las conservas.
El programa también recoge el compromiso de eliminar los impuestos que "frenan la inversión", sin concretar en ese apartado qué figuras se suprimirían, e intensificar la lucha contra el fraude fiscal. Los ingresos recuperados por esta vía se destinarían a bajar los impuestos a quienes cumplen con sus obligaciones.
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En el Impuesto sobre Sociedades, el PP propone ampliar la libertad de amortización para que las inversiones en maquinaria, equipos, digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, programas informáticos o patentes puedan descontarse íntegramente en el mismo ejercicio. También facilitaría que las empresas emergentes y las innovadoras sin beneficios reciban anticipadamente parte del incentivo fiscal a la inversión.
En cuanto al ahorro, el PP propone dar un trato fiscal equivalente a sus distintas modalidades mientras el dinero siga invertido, con el objetivo de que los contribuyentes puedan elegir cómo y en qué ahorrar.
MENOS OBLIGACIONES FISCALES PARA AUTÓNOMOS
El PP propone que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tengan que cobrar ni declarar el IVA y establecer reglas claras para deducir gastos, incluidos los de vivienda y vehículo. Asimismo, permitiría sustituir las cuatro declaraciones trimestrales por dos semestrales en todos los impuestos sujetos a esta obligación, mientras que quienes inicien su actividad solo tendrían que presentarlas una vez al año.
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En materia de cotizaciones, el programa incluye la exención de cuota durante el primer año de actividad y también durante el segundo si los ingresos no alcanzan el salario mínimo. Plantea bonificar el 100% de las cotizaciones empresariales por el primer trabajador durante un año y el 50% por el segundo, así como la cuota del autónomo con enfermedad grave desde el primer día de baja.
ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE Y BLINDAR LA UNIDAD DE LA AEAT
La formación propone aprobar un Estatuto del Contribuyente que reconozca el derecho al error e impida aplicar retroactivamente cambios de criterio desfavorables. También plantea simplificar el sistema tributario, reforzar el Consejo para la Defensa del Contribuyente y evaluar los resultados de estas medidas.
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A ello suma el compromiso de acortar los plazos legales de devolución de impuestos, ajustar la diferencia entre retenciones y recaudación y priorizar las reducciones, exenciones o créditos fiscales frente a las subvenciones.
En cuanto a la gestión, propone blindar la unidad de la Agencia Tributaria y reforzar la participación autonómica en sus órganos de dirección sin fragmentar la gestión de los tributos estatales.
El PP ha asegurado que blindará legalmente la caja única de la Seguridad Social y ha asegurado que las cotizaciones seguirán financiando las pensiones y prestaciones en toda España, "sin dividir los recursos por territorios".
ELECCIONES TRAS UNA SEGUNDA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA
En materia presupuestaria, el PP se compromete a presentar cada año los Presupuestos Generales del Estado y a promover las reformas necesarias para que una segunda prórroga consecutiva provoque la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
El documento también atribuye al Senado un examen anual de la ejecución de los Presupuestos, así como el control de la ejecución de los fondos europeos y de las transferencias a las comunidades autónomas.
Los populares proponen realizar en los primeros cien días una auditoría del gasto y del funcionamiento de la Administración, los organismos y las empresas estatales, cuyas conclusiones se incorporarían al primer presupuesto.
Después, cada año se evaluaría de manera independiente un conjunto de programas de gasto, con un calendario que abarque todo el presupuesto durante la legislatura, y las conclusiones se publicarían junto al proyecto de cuentas.
MÁS COMPETENCIAS PARA LA AIREF E INDEPENDENCIA DEL INE
El PP propone ampliar las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para evaluar el gasto y la sostenibilidad de la deuda y reforzar su control del cumplimiento de las reglas fiscales en todas las administraciones. La AIReF participaría, junto con el Ministerio de Hacienda, en el análisis del nuevo modelo de financiación autonómica.
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La formación incluye a la autoridad fiscal en un marco común de gobernanza para reguladores y autoridades independientes, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes de acreditado prestigio que no hayan ejercido recientemente cargos políticos.
Para el Instituto Nacional de Estadística, plantea fijar por ley el mandato de su presidente y limitar el cese anticipado a causas tasadas, además de asegurar la independencia de sus métodos, calendarios y publicaciones. "El INE servirá para conocer la realidad del país, también cuando los datos incomoden al Gobierno", sostiene el documento.
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El programa completa estas medidas con el refuerzo de la independencia, la profesionalidad y la capacidad técnica del Tribunal de Cuentas, al que daría acceso en tiempo real a datos de contratación, subvenciones y financiación política para detectar irregularidades y exigir responsabilidades con mayor rapidez.
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