La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha incorporado a 40 personas, entre ellas 25 físicas y 15 jurídicas, a su Lista de Personas Bloqueadas por su vinculación con proveedores electorales, tras detectar movimientos financieros con indicadores de riesgo que requieren investigación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha informado en un comunicado de que la decisión responde a los análisis realizados por la UIF y constituye una medida administrativa "preventiva y precautoria", que "no implica una determinación de responsabilidad definitiva".
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La institución ha precisado que los afectados disponen de los mecanismos legales de defensa y de la garantía de audiencia, conforme a la legislación vigente.
Paralelamente, la UIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones detectadas y determine si existen posibles responsabilidades.
El organismo ha reafirmado asimismo su compromiso con la detección y el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como con la cooperación entre autoridades, subrayando que sus actuaciones deben respetar "el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas".
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