Los españoles sitúan la mayor autonomía energética como la principal ventaja de la transición, según el BEI

La menor dependencia del petróleo y del gas importados se ha convertido en la principal ventaja que los españoles perciben al abordar la transición energética, superando a la lucha directa contra el cambio climático que encabezaba la lista en 2022, según refleja la octava Encuesta del BEI sobre el Clima, publicada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En concreto, el estudio revela un vuelco en las prioridades de la sociedad española en comparación con los resultados de hace cuatro años. Así, la reducción de la dependencia energética exterior figura en primer lugar tanto en España como en otros 15 Estados miembros de la Unión Europea, mientras que la consecución de precios estables o más bajos ocupa el segundo puesto y la ralentización del cambio climático queda relegada al tercer lugar.

Pese a este cambio de tendencia, un 76% de la población española considera que la transición energética es una cuestión "urgente" para el país, una proporción que se sitúa en consonancia con la media registrada en el conjunto de los Estados de la Unión Europea (75%). Asimismo, un 80% confía en que este proceso contribuya de forma efectiva a frenar el calentamiento global.

Respecto a los riesgos de avanzar a un ritmo excesivamente lento, el 82% de los españoles apunta como principal temor el aumento de la dependencia de combustibles fósiles importados, mientras que un 81% apunta al impacto del incremento de los precios de la energía sobre el coste de la vida. Además, un 69% afirma que sentiría mayor orgullo de ser europeo si la UE alcanzara su independencia energética.

La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, destacó que "la transición energética es clave para que Europa se libere de su dependencia de los combustibles fósiles".

Asimismo, subrayó el compromiso de la institución con el refuerzo de la autonomía estratégica mediante el impulso a las redes eléctricas, el almacenamiento y la tecnología limpia de fabricación europea.

La encuesta, realizada por Ipsos bva a 23.000 personas de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) -1.000 de ellas en España-, también analiza las repercusiones cotidianas de la crisis de precios en los hogares. Así, un 31% de los encuestados en España afirma haber recortado sus gastos en partidas básicas como alimentación o salud para llegar a fin de mes, una cifra inferior a la media comunitaria del 38%.

Paralelamente, otro 31% de la población española admite haber bajado el termostato de la calefacción en su vivienda para controlar la factura, mientras que un 12% se ha visto obligado a pedir préstamos, solicitar ayuda económica a su entorno o aplazar el pago de sus recibos energéticos.

El impacto encarecedor de la energía ha condicionado asimismo la movilidad de más de la mitad de los conductores españoles (54%). En concreto, un 23% ha reducido sus desplazamientos para gestiones esenciales, el 22% ha renunciado a viajes de ocio o visitas familiares y un 18% afirma conducir más despacio para ahorrar combustible.

Además, el 28% de los encuestados en España asegura haber sustituido el trayecto individual en vehículo privado por el uso compartido del coche, el transporte público o la bicicleta, porcentaje que supera la media observada en la Unión Europea (22%).

ACELERAR RENOVABLES.

A la hora de definir las fuentes energéticas prioritarias, el 82% de los españoles aboga por acelerar las renovables, con una clara preferencia por la energía solar (66%), situada muy por encima de la media europea (52%), seguida por la energía eólica (44%).

Por otro lado, seis de cada diez ciudadanos (61%) se muestran partidarios de desarrollar una industria europea competitiva de tecnologías limpias aunque el proceso requiera más tiempo, en lugar de acelerar la transición comprando equipamiento tecnológico en países terceros.

Finalmente, la ciudadanía española demanda un enfoque comunitario cooperativo, ya que el 65% prefiere que los países europeos pongan en común sus recursos económicos para financiar las inversiones necesarias en materia energética, mostrando un margen de apoyo al trabajo conjunto notablemente superior a la media de la UE.