La Justicia neoyorquina permite a Mamdani mantener el impuesto a las segundas residencias de lujo

La División de Apelaciones del Tribunal Supremo del estado de Nueva York ha revocado este miércoles un fallo anterior y ha determinado que el Gobierno local liderado por el alcalde Zohran Mamdani puede seguir adelante con la aplicación del recargo fiscal a las segundas residencias de lujo, desestimando la demanda de los propietarios que buscaban frenar la medida.

El tribunal de apelaciones ha revertido la sentencia emitida a finales de septiembre por el juez Wayne Ozzi, quien había ordenado a la ciudad paralizar y rehacer la implementación del conocido como impuesto 'Pied-a-Terre Tax'. Según la nueva resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados concluyen que los demandantes carecen de legitimidad para presentar la impugnación, argumentando que no han podido demostrar un daño legal "concreto y particularizado", sino que se basaron en quejas sobre una supuesta "confusión generalizada" y especulaciones sobre futuros perjuicios de privacidad que resultan insuficientes.

El fallo inicial de septiembre había criticado los métodos del Departamento de Finanzas de la ciudad por enviar notificaciones exigiendo a los dueños solicitar una "exención", al considerar que se trasladaba de forma injusta la carga de la prueba a los ciudadanos para demostrar que las viviendas eran su residencia principal.

Sin embargo, la corte de apelaciones establece ahora que dicho procedimiento fue contemplado por el propio legislador estatal para permitir a los propietarios evitar el recargo aportando pruebas, concluyendo que las notificaciones cumplen una función meramente informativa que no equivale a un daño por sí misma.

La nueva sentencia supone un espaldarazo para la política recaudatoria impulsada por Mamdani y la gobernadora demócrata Kathy Hochul para atajar el déficit presupuestario. El gravamen establece un recargo anual sobre las viviendas tasadas en más de 5 millones de dólares (4,4 millones de euros) siempre que no sean utilizadas como residencia principal del dueño. Tras conocerse el primer fallo judicial adverso, el portavoz de la Alcaldía había acusado a los "ultrarricos" de litigar "para evitar pagar lo que les corresponde y proteger sus privilegios".