AI: archivar la investigación de esterilizaciones forzadas en Perú "perpetua la impunidad"

Lima, 4 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) afirmó que la decisión que ha tomado la Fiscalía de Perú de archivar la investigación que se seguía sobre esterilizaciones forzadas registradas durante el mandato del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de la actual presidenta peruana, Keiko Fujimori, "perpetúa la impunidad" en el país andino.

"Amnistía Internacional condena la decisión del Ministerio Público de Perú de archivar la investigación por la esterilización forzada de 4.172 mujeres peruanas, cometidas durante la década de 1990", señaló el organismo en un comunicado.

Añadió que esta decisión se tomó en aplicación de la Ley 32107, aprobada en 2024 a iniciativa del fujimorismo, "que permite la prescripción de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002".

"Archivar una investigación que la propia Fiscalía reconoce que involucra crímenes de lesa humanidad es una afrenta contra las víctimas que llevan casi 30 años esperando justicia. El Estado peruano no puede utilizar una ley contraria al derecho internacional para cerrar el camino a la verdad, la justicia y la reparación", señaló la directora para la Américas de Amnistía, Ana Piquer.

La representante agregó que "esta decisión debe revertirse y la Ley 32107 debe ser derogada, para impedir que siga siendo utilizada como una herramienta de impunidad".

Por su parte, la directora de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador, indicó que "el Estado peruano debe poner a las víctimas en el centro y garantizar que todas las personas responsables rindan cuentas".

Dador anunció que las organizaciones de la sociedad civil buscarán "todos los caminos para garantizar que las autoridades cumplan con su deber de escuchar a las víctimas y garantizar su derecho a acceder a justicia".

La semana pasada, la Fiscalía de Perú archivó la investigación que seguía sobre las esterilizaciones forzadas, que tuvo entre sus imputados al expresidente Fujimori, hasta que falleció en 2024, y a varios exministros de Salud, entre ellos el actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.

El fiscal del caso remarcó, sin embargo, que ordenó el archivo de la investigación en contra de su voluntad, para cumplir con la Ley 32107, promovida a iniciativa del congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y que señala que no se pueden calificar como delitos de lesa humanidad aquellos hechos cometidos antes de 2002, cuando Perú adoptó el Estatuto de Roma.

A la vez que se archivaba el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú publicaba en sus canales oficiales una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Celia Ramos Durand, la primera víctima mortal de las esterilizaciones forzadas en Perú reconocida internacionalmente.

La Cancillería publicó el fallo en cumplimiento de la sentencia, en la que se declaró al Estado peruano como responsable de la muerte de Ramos Durand.

Mujeres peruanas víctimas de las esterilizaciones aseguraron la semana pasada que recibieron como "un balde de agua helada" el archivo de sus casos y anunciaron que llevarán la decisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE