
La Justicia de Japón ha imputado a un marine estadounidense de 20 años como presunto autor del robo y asesinato de una mujer en la ciudad costera de Naha, en Okinawa, en el suroeste de Japón, donde se encuentra la base militar de Futenma, que alberga desde hace décadas al grueso del despliegue norteamericano en el país.
Devin Ballard ha sido imputado por el asesinato de una mujer a la que habría estrangulado utilizando el cable de un teléfono en un hotel de Naha. El militar había negado inicialmente las acusaciones vertidas en su contra, si bien ahora ha admitido parcialmente su implicación en lo sucedido, según informaciones recogidas por la agencia de noticias japonesa Kyodo.
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La Fiscalía de Naha ha indicado en un comunicado que el objetivo es "hacer todo lo posible para defender el caso con éxito durante el juicio teniendo en cuenta las pruebas recabadas" durante las investigaciones.
Poco después de que tuviera lugar el crimen, el gobernador de Okinawa, Genta Koja, instó al Gobierno a tomar medidas de prevención, habida cuenta de las críticas vertidas por la población local contra las bases militares establecidas en la zona debido a los delitos registrados en el pasado, especialmente contra mujeres y niñas, además del ruido y la contaminación que implica el despliegue.
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Las autoridades del país han presentado numerosas notas de protesta ante la Administración estadounidense, a la que ha pedido una "cooperación total" durante las pesquisas y la puesta en marcha de medidas "disciplinarias" contra sus militares.
Este mismo casi provocó a principios de octubre la imposición por parte de Estados Unidos de un toque de queda de un mes en la base y una ley seca para sus militares tras el asesinato de la mujer.
La presencia de los marines en la isla sigue siendo objeto de polémica. El año 2016 fue crítico en este sentido. Primero, un marinero estadounidense fue arrestado tras provocar borracho --seis veces el máximo legal en sangre-- un accidente de tráfico que mató a dos personas. Ese mismo verano, un contratista civil y un marine fueron arrestados por su relación con la violación y el asesinato de una joven de 20 años.
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Pero el incidente más grave en este sentido fue el ocurrido en 1995, cuando tres militares alquilaron una furgoneta y procedieron a dar una paliza y a violar en grupo a una niña de 12 años. En medio de una ola de protestas populares, fueron condenados a entre seis años y medio y siete años de cárcel. Más de 50.000 efectivos siguen estacionados en Japón bajo un acuerdo de seguridad bilateral.