Protestar con una tienda de campaña: los límites legales de ocupar una plaza en Portugal

Lisboa, 23 oct (EFE).- El uso del espacio público para instalar acampadas contra la crisis de la vivienda ha abierto en Portugal un debate entre las autoridades, los movimientos ciudadanos y la opinión pública sobre los límites legales de estas formas de protesta, inspiradas en las que ocurren en España.

En los últimos días se han sucedido respuestas diferentes, desde la intervención policial con incidentes en la plaza Dom João I de Oporto, en la madrugada del pasado día 15, hasta la relativa permisividad mantenida durante varios días con la acampada de la plaza Dom Pedro IV —popularmente conocida como plaza del Rossio— de Lisboa, donde el pasado martes la policía detuvo a 55 personas y retiró 228 carpas.

Las movilizaciones portuguesas miran como referencia a la acampada iniciada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien falleció en el hospital catorce días después.

Esa protesta recupera, a su vez, el modelo de ocupación y organización asamblearia del movimiento 15M, surgido en la misma plaza española en 2011.

Estas son diez claves de la legislación portuguesa al respecto:

1. Un derecho constitucional. El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho a reunirse "pacíficamente y sin armas", incluso en lugares abiertos al público y sin necesidad de autorización, además del derecho de manifestación.

2. No hace falta permiso, pero sí avisar. Las concentraciones y manifestaciones deben comunicarse por escrito a la autoridad municipal con una antelación mínima de dos días laborables.

3. El aviso debe identificar la protesta. La comunicación tiene que indicar la hora, el lugar y el objeto de la reunión y, cuando exista una marcha, su recorrido. Debe estar firmada por tres promotores o por la dirección de la organización convocante.

4. Manifestarse y acampar son actividades distintas. La comunicación de una protesta permite la concentración de personas, pero no autoriza automáticamente la instalación de tiendas, colchones, cocinas u otras estructuras permanentes.

5. La acampada requiere licencia. El Decreto Ley 310/2002 establece que los campamentos ocasionales situados fuera de los espacios destinados al campismo necesitan autorización municipal.

6. Hay más requisitos. La licencia debe ser solicitada por el responsable del campamento, depende de la autorización del propietario del terreno y exige informes favorables de la autoridad sanitaria y de la Policía de Seguridad Pública (PSP) o la Guardia Nacional de la República (GNR).

7. La finalidad política no lo permite todo. Que una tienda tenga un valor simbólico dentro de una protesta no excluye la aplicación de las normas sobre acampadas, salubridad, seguridad y ocupación del espacio público.

8. La duración también está limitada. El Decreto Ley 406/74 señala que las reuniones no pueden prolongarse más allá de las 00.30 horas, salvo determinadas excepciones en recintos cerrados. La aplicación de esta norma de 1974 a las protestas continuadas ha suscitado controversia jurídica.

9. La Policía no puede actuar sin límites. Las autoridades pueden interrumpir una concentración si se producen actos ilegales o una perturbación grave y efectiva del orden público o de los derechos de terceros, pero su intervención debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

10. Puede haber sanciones y recursos. Acampar sin licencia se castiga con una multa de entre 150 y 200 euros. Desobedecer una orden policial considerada legítima puede generar responsabilidad penal, mientras que los promotores pueden recurrir ante los tribunales las decisiones que restrinjan la protesta.

En resumen, una acampada reivindicativa no es ilegal por definición, pero el derecho de manifestación tampoco ampara automáticamente una ocupación permanente del espacio público.

La legalidad depende de las circunstancias y, en caso de conflicto, corresponde a los tribunales determinar si las restricciones fueron justificadas y proporcionadas. EFE