Vocales conservadores del CGPJ muestran su "preocupación" por el "hostigamiento" a la jueza del hermano de Sánchez

Vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han mostrado este miércoles su "preocupación" por las "posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación" que habría sufrido la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado a Europa Press de que los vocales José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal han propuesto al Pleno un comunicado de condena por los hechos, si bien han asegurado que no ha salido adelante por el rechazo de los vocales progresistas.

Los magistrados conservadores se refieren al supuesto hostigamiento que habría sufrido Biedma por parte de la presunta trama que se investiga en el 'caso Leire Díez', que habría llevado a cabo acciones para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, una red que habría dirigido el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez.

En el marco de esta causa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado recientemente al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien los investigadores vinculan como uno de los posibles autores de ese supuesto acoso a la jueza. Y es que en su declaración como perjudicada, Biedma afirmó haberse sentido perseguida y angustiada por la presunta trama.

Así, el comunicado propuesto por los vocales del CGPJ transmite su "cercanía, solidaridad y respaldo institucional", todo ello "sin prejuzgar hechos ni responsabilidades", puesto que eso le "corresponde determinar exclusivamente a los tribunales".

"OPOSICIÓN FRONTAL" DE LOS PROGRESISTAS

"Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos. El Consejo quiere transmitir a todos los jueces y magistrados un mensaje inequívoco: no están solos en la defensa de su independencia", señala.

Y añade que ante "cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley". "Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de derecho", zanja.

Dicho esto, los vocales conservadores critican la "oposición frontal, tanto respecto del debate, como de su aprobación, por parte de los nueve vocales autodenominados 'progresistas'", señalando directamente a los vocales Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucía Avilés.

A ellos les acusan de haber "frustrado la aprobación del comunicado", que bajo su punto de vista "no busca nada más que transmitir el apoyo a la magistrada así como al resto de la carrera judicial". "No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial", rematan.

Tras conocerse el rechazo al comunicado, fuentes del sector progresista del CGPJ han indicado a esta agencia de noticias que el resto de vocales considera que el órgano de gobierno de los jueces "debe ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial".

En un comunicado que firman los vocales progresistas a excepción de Carlos Hugo Preciado, señalan que el CGPJ "debe preservar y respetar la independencia de quienes investigan y evitar pronunciamientos que pueden interpretarse como una valoración anticipada de los hechos".

PERELLÓ RECLAMA ACUERDOS PARA NOMBRAMIENTOS

La discrepancia entre vocales también se ha visto reflejada en la renovación de las comisiones del CGPJ, que se ha aplazado al próximo pleno debido a la falta de acuerdo entre ellos.

De hecho, la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, ha exhortado a los vocales a alcanzar un acuerdo en los próximos días sobre este tema, "buscando una composición equilibrada de las comisiones", según ha comunicado en una nota el propio órgano.

Y es que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CGPJ designará "anualmente" a los miembros de las comisiones y la última renovación tuvo lugar el 23 de octubre de 2025.

Asimismo, el CGPJ también ha indicado que se han retirado del orden del día los puntos relativos a los nombramientos de seis magistrados del Tribunal Supremo, cuatro en la Sala Segunda --correspondientes a las plazas vacantes por la jubilación de los magistrados Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo y a otra del turno de juristas convocada en julio de 2025-- y dos en la Sala Tercera --correspondientes a la presidencia y a la plaza de magistrado que han quedado vacantes por la jubilación de Pablo Lucas--.

La presidenta del CGPJ ha instado a los vocales a alcanzar un acuerdo para realizar estos nombramientos discrecionales y cubrir así "a la mayor brevedad posible" las necesidades del alto tribunal, cuyas salas se enfrentan a una elevada carga de trabajo.

AJFV LAMENTA QUE EL CGPJ NO HAYA ALCANZADO UN CONSENSO

En un comunicado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha calificado lo ocurrido este miércoles como "un episodio de extraordinaria gravedad" y ha lamentado "profundamente" que el CGPJ "haya sido incapaz de alcanzar un acuerdo para expresar públicamente su respaldo a la magistrada Beatriz Biedma".

AJFV, la segunda mayor asociación por número de asociados, señala que la razón de ser del órgano de gobierno de los jueces "es garantizar la independencia de jueces y magistrados frente a cualquier presión o injerencia".

Asimismo, incide en que "resulta especialmente preocupante que se invoque la necesaria prudencia ante una investigación judicial en curso para justificar la ausencia de un pronunciamiento institucional".

"Expresar preocupación ante posibles actuaciones intimidatorias y trasladar respaldo a una magistrada no supone prejuzgar hechos ni atribuir responsabilidades penales", apostilla.

Así las cosas, la asociación reconoce que "la prudencia institucional es imprescindible", si bien "no puede convertirse en una excusa para la inacción cuando lo que está en juego es precisamente la independencia que el Consejo tiene la obligación de defender".

Por ello, considera que un órgano constitucional "cuya capacidad para defender la independencia judicial se ve condicionada por sus divisiones internas tiene un problema que va mucho más allá de una discrepancia puntual", sino que se trata de "un problema de funcionamiento institucional".

"Desde el máximo respeto a la institución y a quienes la integran, debemos expresar nuestra profunda decepción ante lo sucedido y reclamar una reflexión seria sobre las consecuencias que estas divisiones están teniendo para la credibilidad del órgano de gobierno del Poder Judicial", concluye.

Preguntado en una entrevista este miércoles por el choque en el CGPJ, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que "los vocales del Consejo obviamente tienen toda la autonomía para discutir, para llegar a acuerdos, para no llegar", y ha indicado que lo fundamental "no es tanto que haya un comunicado", sino "investigar".