El juicio político contra Sara Duterte se centra en la corrupción tras retirarse 3 cargos

Manila, 13 oct (EFE).- El Senado de Filipinas aceptó este martes retirar tres de los cuatro cargos presentados en el juicio político contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, incluido uno de amenazas, después de que la acusación anunciara que se centrará únicamente en el de "enriquecimiento inexplicable", con el que busca destituirla.

La congresista Gerville Luistro comunicó a los senadores que conforman el tribunal del juicio político que la acusación desiste de los cargos relacionados con "amenazas, soborno y fondos confidenciales", y mantiene el relacionado con su "riqueza inexplicable, irregularidades en declaraciones de bienes e intereses empresariales prohibidos".

Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), fue acusada inicialmente de cuatro delitos, entre ellos uno de amenazas, retirado este martes, contra el actual mandatario, Ferdinand Marcos Jr., a quien en 2024 dijo haber ordenado matar si ella misma era asesinada.

Ahora, la acusación considera que ha presentado "pruebas suficientes" para que el segundo artículo de la acusación inicial -el que alude a 'enriquecimiento inexplicable'- justifique por sí solo la destitución de la número dos del Gobierno, afirmó Luistro, que encabeza la oposición, ante los senadores que ejercen como jueces en el proceso.

El senador Francis Escudero, que preside el tribunal, precisó que los cargos sobre fondos confidenciales y amenazas no podrán volver a presentarse contra Duterte en esta legislatura, mientras que el de soborno queda retirado solo a efectos del juicio.

Tras 38 audiencias, la acusación cerró el lunes su fase del juicio y éste se reanudará el 9 de noviembre con el turno de la defensa, que deberá presentar sus pruebas antes del veredicto final, que podría llegar en diciembre.

Para condenar a Duterte bastarán dos tercios de los senadores activos -y no de la totalidad de la Cámara- y, previsiblemente, la vicepresidenta perderá el voto de sus aliados Rodante Marcoleta y Jinggoy Estrada, detenidos por presunta malversación, así como de Ronald 'Bato' dela Rosa, prófugo y reclamado por la Corte Penal Internacional (CPI).

Un veredicto de culpabilidad supondría su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y frustraría su aspiración, anunciada el pasado febrero, de concurrir a las elecciones presidenciales de 2028, para las que las encuestas aún la sitúan entre las principales favoritas. EFE