Peramato llama a responder junto a Iberoamérica contra el crimen transnacional y avisa de "cifras récord" de cocaína

La fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha llamado a la Unión Europea e Iberoamérica a responder conjuntamente contra el crimen transnacional y ha avisado de que la producción de cocaína ha alcanzado "cifras récord" y que Europa es ya el "principal destino" de esta sustancia, superando a Norteamérica.

En su intervención en la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), celebrada en Perú este miércoles y jueves, de la que es secretaria general, Peramato ha denunciado que las organizaciones criminales latinoamericanas tienen una presencia "estable" y "operativa" en puertos y centros logísticos europeos.

Por ello, la fiscal general ha defendido que la única solución ante el crimen transnacional es la "respuesta coordinada" entre Iberoamérica y Europa "sustentada en equipos conjuntos de investigación, mecanismos ágiles de intercambio de información y protocolos específicos para espacios fronterizos".

"Las 22 fiscalías iberoamericanas y el conjunto de fiscalías del espacio judicial europeo integran una comunidad unida por responsabilidades, desafíos y objetivos comunes frente a la criminalidad transnacional", ha expresado.

Ante esa amenaza, Peramato ha insistido en que "el papel del Ministerio Público es insustituible" porque es el organismo que transforma "la información y la inteligencia criminal en prueba válida para el proceso" y quien garantizan que la "rapidez" en las respuestas no comprometa la "legalidad".

Y ha reivindicado la actuación de las fiscalías como coordinadoras internas, pero también la cooperación internacional con otros Estados, así como veladoras por la "continuidad y coherencia" a la actuación del Estado frente al delito".

COMBINAR RESPUESTA EFICAZ Y RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES

Peramato ha advertido de que, a pesar de que las fiscalías se enfrentan a "una creciente sofisticación tecnológica" de las organizaciones o "el vórtice de la impunidad", no pueden caer "en la tentación" de "acelerar procedimientos" o "restringir garantías en nombre de una eficacia inmediata" porque eso podría suponer la "erosión" de las "garantías" del propio "Estado de derecho".

Ante ello, ha avisado de que "ni la eficacia puede alcanzarse a costa de sacrificar las garantías que otorgan legitimidad a nuestra función, ni las garantías pueden interpretarse de tal modo que terminen convirtiéndose en un obstáculo para una respuesta efectiva frente al crimen organizado".

Por ello, la fiscal general ha reivindicado la importancia de la cooperación interinstitucional, la digitalización, el uso de la Inteligencia Artificial (IA), la experiencia acumulada de las fiscalías generales como autoridades centrales o los equipos conjuntos de investigación.

"Es posible dirigir la nave del Estado de derecho combinando una respuesta eficaz frente al crimen con un respeto escrupuloso a los derechos y libertades que estamos llamados a proteger", ha zanjado.

EL ESTADO DE DERECHO EN IBEROAMÉRICA, "BAJO PRESIÓN"

Por otro lado, la secretaria general de la AIAMP ha denunciado, apoyándose en el Índice 2025 del World Justice Project, que el Estado de Derecho en Iberoamérica "está bajo presión" por una década de "retroceso" en "diversos parámetros". Además, ha expuesto que la confianza de los ciudadanos en la Justicia es "insuficiente".

"Iberoamérica acumula más de una década de retroceso en diversos parámetros vinculados al Estado de Derecho y la confianza ciudadana en los sistemas de justicia sigue siendo insuficiente", ha insistido.

Asimismo, Peramato ha señalado que a la situación de la justicia en Iberoamérica hay que sumar "una realidad criminal cada vez más compleja" con organizaciones que integran "narcotráfico, corrupción, trata de seres humanos, ciberdelincuencia y blanqueo de capitales" con estructuras "transnacionales" con una "enorme capacidad de adaptación y expansión".

En sus palabras, esta realidad es "una amenaza que afecta a la seguridad de los ciudadanos", pero también a la protección efectiva de los derechos y a la "fortaleza" de las instituciones.