
Las autoridades de Etiopía han anunciado este viernes el cierre de su Embajada en Eritrea así como la expulsión de diez diplomáticos eritreos de su territorio, en respuesta a lo que ha denominado "actos directos e indirectos de hostilidad", en medio de la ofensiva lanzada hace una semana por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el norte del paíss.
El Ministerio de Exteriores etíope ha señalado en un comunicado difundido en sus redes sociales que el cierre de su Embajada en Asmara responde a "los actos directos e indirectos de hostilidad y beligerancia de Eritrea contra Etiopía".
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En la misma nota, ha indicado que los diez diplomáticos eritreos en Adís Abeba han sido declarados "persona non grata (...) por su participación en actividades que suponen una amenaza directa para la seguridad nacional de Etiopía, lo que constituye una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", ordenando así su expulsión de territorio etíope en un plazo de 48 horas.
"Etiopía insta al Gobierno de Eritrea a que ponga fin a todos los actos contrarios a los principios que rigen las relaciones entre Estados soberanos. Valora sus sólidos lazos históricos, culturales y entre los pueblos con Eritrea y siempre ha dado prioridad a la coexistencia pacífica, la estabilidad regional y la integración", ha asegurado la cartera diplomática.
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La respuesta de Eritrea ha venido de su ministro de Información, Yemane Meskel, quien ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino, advirtiendo de "todas las consecuencias negativas que ello conlleva".
En un comunicado ha defendido que "no tiene más remedio" que responder con reciprocidad, asegurando que es Adís Abeba quien "lleva tres años aplicando una política de hostilidad incesante -en la práctica, una declaración de guerra pronunciada públicamente- contra Eritrea, con el objetivo de 'conseguir el acceso soberano al mar' mediante la invasión de puertos y zonas costeras soberanas eritreas".
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"Paralelamente a estas intenciones agresivas, Etiopía ha ido más allá al acoger, entrenar y suministrar armas a una serie de lo que denomina 'grupos armados de la oposición eritrea', con el fin de avivar el conflicto interno para lograr un 'cambio de régimen' en Eritrea", ha manifestado, antes de defender que Asmara ha estado actuando con "paciencia y moderación" para evitar una "peligrosa" escalada.
El cruce de medidas llega una semana después de que el TPLF anunciara el inicio de una "guerra defensiva" frente a las tropas federales de Etiopía alegando "la intensificación de la invasión (...) por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy --en referencia al primer ministro etíope, Abiy Ahmed-- contra el pueblo de Tigray", después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica.
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El citado pacto, alcanzado en Pretoria tras dos años de guerra en el norte de Etiopía, implicó que Tigray quedara en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país. Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo pactado.
En octubre de 2025, Etiopía acusó a Eritrea de trabajar con una facción del TPLF para "lanzar una guerra" contra el país africano, después del conflicto entre 2020 y 2022, en el que Eritrea respaldó a las tropas gubernamentales frente al grupo rebelde tigriña.
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EXPULSA A UN DIPLOMÁTICO EGIPCIO
Este mismo jueves, el Gobierno de Etiopía ha declarado persona non grata al diplomático egipcio Ahmed Moharam Ahmed Soliman, quien deberá abandonar el país en un plazo de 48 horas.
El Ministerio de Exteriores así lo ha decidido amparándose también en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, si bien no ha brindado más información sobre las causas que le han llevado a tomar dicha medida.
La semana pasada, el jefe del Ejército etíope, el mariscal de campo Birhanu Julan, acusó a Egipto, Sudán y Eritrea de respaldar la nueva alizanza de grupos opositores, algunos de ellos armados, para derrocar al primer ministro y "desstabilizar y debilitar" al país.
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