
Las autoridades rusas han criticado la decisión de Estonia de cerrar los puestos de control terrestres que permanecen operativos en la frontera entre ambos países, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y se prolongará durante seis meses, y ha advertido de sus consecuencias políticas y económicas.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha calificado la decisión de Tallín de "abiertamente conflictiva" y ha denunciado que responde a una estrategia deliberada para deteriorar las relaciones bilaterales y aumentar las tensiones en la región báltica.
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Zajarova ha sostenido que este cierre unilateral perjudicará a numerosos ciudadanos rusos y tendrá "consecuencias muy perjudiciales" para la economía y los servicios públicos, especialmente en las zonas fronterizas de ambos países. Asimismo, ha reprochado al Gobierno de Estonia que ha adoptado la decisión "de manera precipitada" y sin consultarlo previamente con Moscú.
"No nos cabe duda de que los intentos de levantar un 'cordón sanitario' alrededor de Rusia y aislarla les costarán muy caro a sus artífices", ha agregado la portavoz de Exteriores rusa, antes de señalar que Moscú se reserva el derecho a adoptar "todas las medidas políticas y diplomáticas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales".
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Las autoridades estonias han justificado el cierre por la persistencia de acciones hostiles atribuidas a Rusia, entre ellas supuestos actos de sabotaje y operaciones híbridas. En concreto, el anuncio de la medida se produce tras un presunto intento fallido de incendio provocado contra una instalación de la industria de defensa del país, que Tallín atribuye a los servicios de inteligencia rusos.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores ruso ha convocado al encargado de negocios de Estonia para trasladarle su rechazo a las actuaciones que considera hostiles contra el país.