
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha advertido de que las mujeres migrantes temporeras agrícolas en España sufren mayor exposición a violencia y acoso, menos libertad de movimiento y cuentan con equipos de protección individual inadecuados, lo que impacta directamente sobre su salud física y mental.
El Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud de la SEE, en colaboración con el Grupo de Trabajo de Determinantes Sociales de la Salud, ha realizado un análisis interseccional por género y nacionalidad para comparar las desigualdades entre hombres y mujeres migrantes que trabajan de forma temporal en el campo.
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Dicho análisis señala que, aunque ambos sexos comparten situaciones estructurales de precariedad laboral y social, las mujeres migrantes contratadas en origen asumen una carga desproporcionada de riesgos específicos. Entre ellos, destacan la segregación de tareas, la dependencia del empleador, las barreras para acceder al sistema sanitario, el riesgo de violencia y acoso, y las dificultades para ejercer derechos fundamentales.
Mientras que las mujeres se concentran principalmente en labores de recolección y manipulado, los hombres predominan en tareas de carga, poda, conducción de maquinaria, aceituna o vendimia. Esta división también se refleja en los riesgos laborales: las mujeres están más expuestas a tareas repetitivas, posturas forzadas, equipos de protección individual no adaptados y riesgos específicos durante el embarazo y la lactancia. En los hombres, predominan los accidentes traumáticos, la sobrecarga física intensa y los riesgos asociados a maquinaria o transporte.
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LAS MUJERES SUFREN UNA MAYOR EXPOSICIÓN AL CONTROL
En el documento elaborado por la SEE, los expertos subrayan que la vivienda es uno de los principales factores de vulnerabilidad para las mujeres migrantes temporeras. En muchas ocasiones, el alojamiento está vinculado al empleador, lo que puede aumentar la dependencia, el control social y la exposición a situaciones de acoso o violencia sexual. Y es que, aunque existe la obligación legal de contar con protocolos de prevención, afirman que su aplicación continúa siendo insuficiente.
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Además, advierten de que la presencia de mujeres en asentamientos informales y viviendas precarias está aumentando. En el caso de los hombres temporeros, se identifica una mayor presencia en asentamientos y albergues, con riesgos asociados a la falta de agua, saneamiento, seguridad y condiciones adecuadas.
BARRERAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN SANITARIA
El análisis también recoge que existen barreras que dificultan la atención sanitaria de las personas migrantes temporeras. En las mujeres, estas barreras afectan especialmente a la salud sexual y reproductiva, la atención ginecológica, la anticoncepción y el seguimiento del embarazo.
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Entre los principales factores que dificultan esta atención se encuentran los problemas idiomáticos, la falta de mediación cultural o la ausencia de intimidad en entornos controlados por los empleadores. En los hombres migrantes, se observan sobre todo obstáculos administrativos y legales vinculados a la falta de documentación, la dificultad para empadronarse o el temor a denunciar situaciones médicas o de salud mental por posibles repercusiones.
Por otro lado, el documento analiza prácticas de selección en la contratación en origen que priorizan a mujeres con hijos o hijas menores y determinado estado civil, con el objetivo de garantizar el retorno. La SEE advierte de que estas prácticas pueden suponer discriminación directa e indirecta por sexo y estado familiar, y recuerda que la migración circular no legitima la discriminación por maternidad o situación familiar.
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MEDIDAS CONCRETAS PARA ACTUAR
Ante esta situación, la SEE sugiere pasar del diagnóstico a la acción con medidas concretas en salud, prevención laboral, vivienda, violencia y gobernanza. En el ámbito sanitario, propone reforzar la atención a través de equipos móviles temporales y Puntos de Salud Temporera con mediación intercultural, atención en salud sexual y reproductiva y apoyo psicológico, así como facilitar el empadronamiento, garantizar la vacunación y mejorar la protección frente al calor extremo y la exposición a pesticidas.
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En prevención laboral, el documento plantea evaluaciones de riesgo diferenciadas por tarea y sexo, equipos de protección individual adaptados, medidas frente al calor -como pausas, sombra y agua-, formación con perspectiva de género y vigilancia específica durante el embarazo y la lactancia.
Asimismo, la SEE reclama protocolos antiacoso efectivos, canales de denuncia independientes y protegidos frente a represalias, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico para las víctimas. En materia de vivienda y transporte, plantea desvincular el alojamiento del contrato de trabajo, garantizar condiciones dignas y seguras, habilitar espacios protegidos para mujeres y asegurar transporte seguro entre alojamientos y fincas.
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Por último, considera imprescindible mejorar la información disponible mediante el registro y la publicación de datos desagregados por sexo, edad y nacionalidad en salud, empleo, violencias y condiciones laborales, así como incorporar auditorías sociales.
En este sentido, la sociedad científica recuerda que las administraciones sanitarias, laborales, migratorias y de igualdad ya disponen de herramientas legales para actuar. "El reto es garantizar su cumplimiento efectivo con recursos, inspección, coordinación y rendición de cuentas", concluye.
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