Bruselas busca impulsar la movilidad laboral con un pase social y títulos digitales

Estrasburgo (Francia), 15 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este martes el Paquete de Movilidad Laboral Justa, destinado a simplificar los trámites de seguridad social y reconocimiento de cualificaciones de los trabajadores que se mueven entre países de la UE, reforzar el control transfronterizo y agilizar la resolución de litigios en materia laboral.

El paquete incluye, entre otros, el reglamento del Pase Europeo de Seguridad Social (ESSPASS), la Ley de Portabilidad de Cualificaciones y una norma que refuerza la Autoridad Laboral Europea (ALE), en un contexto de déficit de trabajadores en sectores clave como sanidad, construcción, transporte, digital y tecnologías limpias

Bruselas calcula un beneficio de 6.000 millones de euros hasta 2040 por el reconocimiento más rápido de títulos, la verificación en tiempo real de documentos y el ahorro derivado de la prevención del fraude.

"Simplificación y aplicación más estricta van de la mano: las competencias, el reconocimiento y la protección se moverán sin fricciones a través de las fronteras. Todos ganan", declaró en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

La propuesta deberá negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE -los países- antes de entrar en vigor.

Pase Europeo de Seguridad Social

El ESSPASS permitirá solicitar, recibir y verificar en línea documentos como el PD A1 para trabajadores desplazados o la Tarjeta Sanitaria Europea, a través de la Cartera Europea de Identidad Digital que todos los Estados miembros deberán ofrecer desde finales de 2026.

El documento se emitirá por defecto en formato digital, con alternativa física o QR durante la transición, y cualquier inspector podrá verificar en segundos su emisor, autenticidad y validez.

La digitalización del PD A1 llegará un año después de la entrada en vigor; la tarjeta sanitaria y el resto de documentos, a los tres años.

"Para los europeos, se trata de empoderamiento: su elección, sus derechos, sus competencias. Las personas deben poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápido", valoró la comisaria de Derechos Sociales y Empleo de Calidad, Roxana Minzat.

Iniciativa de portabilidad de títulos

La normativa obliga a que, en tres años, todas las cualificaciones -de secundaria a doctorado- se emitan por defecto en digital dentro de la Cartera de Identidad Digital, y sustituye el procedimiento actual de reconocimiento -lento, en papel y con traducciones- por un flujo digital único.

La medida afecta a unas 5.700 profesiones reguladas -el 22 % del empleo en la UE-, según la Comisión.

Los plazos de reconocimiento se reducirán drásticamente: de tres meses a cinco semanas en el caso más rápido, y de 14 a cuatro meses para nacionales de terceros países.

En siete profesiones con reconocimiento automático a escala europea -médicos, enfermeros, dentistas, matronas, veterinarios, farmacéuticos y arquitectos-, una institución de un tercer país podrá obtener el reconocimiento automático de sus titulados si alinea su formación con los estándares mínimos comunes y es acreditada por un organismo de la UE.

La iniciativa no armoniza los sistemas educativos ni de formación profesional de los países miembros: se limita a exigir la digitalización de una cualificación ya reconocida a nivel nacional.

Nuevo mandato de la Autoridad Laboral Europea (ALE)

La propuesta da a la ALE acceso directo a declaraciones de desplazamiento y bases de datos europeas para análisis de riesgo, crea un repositorio de empresas y trabajadores implicados en abusos transfronterizos y amplía su mandato a nacionales de fuera de la UE.

Las nuevas normas dan a la ALE "las herramientas para hacer frente al empleo ilegal y la explotación", según el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien afirmó que el paquete busca "eliminar barreras para quienes quieren trabajar legalmente en Europa" y "cerrar las brechas" que aprovechan quienes buscan explotarlas.

Bruselas insiste en que la agencia no se convertirá en una inspección laboral europea: no podrá entrar en empresas, imponer multas ni obligar a un Estado miembro a realizar inspecciones.

Según la Comisión, 14 millones de europeos vivían en 2024 en otro Estado miembro de la UE -el 3,9 % de la población activa de la Unión-, mientras que el 18 % de los europeos afirma que le gustaría trabajar en el extranjero. EFE

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