Gabriel DeFranco
Atlanta (GA), 28 ago (EFE).- Tras llegar de Venezuela en 2021, Tangieth Paola Carrasquero López intentaba tener una vida normal en Estados Unidos junto con su pareja: trabajaba, pagaba sus impuestos, cumplía con sus obligaciones con Inmigración y tenía previsto entrar a estudiar en la universidad.
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Pero parecía que los sueños se truncaban para la joven de 23 años el pasado 27 de julio durante una cita migratoria rutinaria en Atlanta, donde fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pese a estar en medio de un proceso de asilo, tener un Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente y un permiso de trabajo hasta 2030, según dijo su pareja a EFE.
Como le ha ocurrido a otros cientos de migrantes que acuden a su cita anual con inmigración, Paola, como le llaman sus seres queridos, terminó recluida en un centro de detención de ICE y no le valió haber cumplido con todos sus trámites migratorios ni carecer de antecedentes penales.
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"La detuvieron prácticamente sin razón. Desde que sometió su solicitud de asilo, ella tenía que presentarse una vez al año a ICE. Estos cuatro años se había presentado sin ningún problema. Desafortunadamente, esta vez fue diferente", declaró su pareja, Andrés, un venezolano que prefirió no revelar su apellido por razones de seguridad.
Paola presentía lo que estaba a punto de ocurrir porque había visto a otras personas que estaban ahí siendo detenidas y, en un mensaje de texto, le expresó a Andrés su preocupación. Pocos minutos después sus temores se hicieron realidad: "Mi amor, me van a llevar presa", envió en un mensaje por última vez.
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Carrasquero fue recluida en el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, considerado uno de los centros de detención de ICE más señalados por denuncias de abusos en el país.
El centro reabrió sus puertas el año pasado —con el regreso de Donald Trump a la presidencia— tras haber cerrado en 2021 en medio de una serie de escándalos por abusos a los derechos humanos, incluidas denuncias por cirugías ginecológicas y operaciones sin el consentimiento de las detenidas.
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Durante casi dos semanas en la cárcel, la joven no recibió el medicamento para una condición de ovarios poliquísticos, ni tratamiento para el dolor abdominal, lo que agravó su situación de salud, según denunció Andrés.
Al parecer, tras la presión mediática que recibió el caso -cree el venezolano- comenzaron a suministrarle el medicamento a su pareja, y el pasado fin de semana, al cabo de casi un mes encerrada, fue sorpresivamente liberada con una fianza de 12.000 dólares, algo poco habitual en estos casos en los que la mayoría acaba deportado.
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Desde hace algunos meses, ICE comenzó a detener a las personas que se presentaban en sus citas migratorias, como parte de la ofensiva migratoria que emprendió el año pasado el Gobierno Trump, una situación que está generando zozobra en la comunidad migrante.
Organizaciones hispanas, así como abogados de inmigración, están alertado sobre esta práctica y advierten que estas citas, que antes eran consideradas rutinarias, ahora son "peligrosas" para la mayoría de los migrantes, incluso para aquellos como Paola que tiene un proceso de asilo pendiente o un TPS aún vigente.
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Pese a ello, los abogados de inmigración siguen recomendando a sus clientes no faltar a la cita porque las consecuencias podrían ser peores, ya que pueden enfrentar una orden de arresto y perder todas las solicitudes o mociones pendientes.
"La respuesta correcta no es faltar a la cita, es ir a su cita con un abogado que ya haya tomado todas las medidas de protección disponibles", recomendó Modern Law Group, una firma nacional de abogados de inmigración.
La pareja venezolana, por su parte, ha recuperado la esperanza de continuar su vida en este país, aunque reconoce que aún queda un largo camino que recorrer para completar el proceso migratorio. EFE
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