
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viajará a Ceuta la próxima semana para abordar el apoyo económico necesario a la ciudad como consecuencia de la crisis migratoria inicial a finales del mes de julio.
Cuerpo tiene previsto mantener reuniones de trabajo con el Gobierno de la ciudad autónoma, asociaciones empresariales, agentes sociales y empresas con el objetivo de dar apoyo a Ceuta, no solo desde la perspectiva humanitaria y de seguridad, sino también económica, han informado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
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El Ejecutivo trabaja en un plan de reactivación económica para la ciudad, cuya cantidad todavía no está cerrada y que busca hacer frente al impacto de la crisis sobre sectores como el comercio y el turismo.
Entre las primeras estimaciones que maneja el Gobierno figuran al menos 15 millones de euros para reactivar el comercio, mediante rebajas de impuestos, reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social y ayudas directas para compensar el lucro cesante durante el periodo de crisis, según informa el diario El País este sábado.
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El plan incluirá además medidas para impulsar el turismo y nuevas ayudas para un proyecto ya en marcha que utiliza agua desalada en Ceuta. La mayor parte de los recursos se dará previsiblemente mediante distintos decretos durante las próximas semanas, en lugar de concentrarse en el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego, previsto para el 25 de agosto.
En paralelo, el Gobierno aprobará este martes un fondo de 25 millones de euros para atender a los menores de Ceuta, que permitirá financiar el traslado de 500 menores a la Península. El Ejecutivo ya había activado otros seis millones de euros para hacer frente a la emergencia humanitaria y prevé habilitar más fondos para atender a los inmigrantes.
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La respuesta del Gobierno a la crisis también se completa con medidas en materia de seguridad y justicia. El Ejecutivo pretende mantener de forma permanente los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad, con 330 policías y 240 guardias civiles adicionales, hasta alcanzar un total de 1.659 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, se trabaja en una solución más estable para reforzar la protección de la frontera en el agua, después de la instalación de una barrera flotante como medida temporal, y en el refuerzo del sistema judicial ante el aumento de procesos de expulsión y solicitudes de asilo.
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