Senado argentino debate expropiaciones, 'desalojos exprés' y uso de tierras quemadas

Buenos Aires, 6 ago (EFE).- El Senado de Argentina comenzó este jueves a debatir un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei que introduce cambios en los procesos de desalojo, expropiaciones y uso de tierras quemadas, entre otros asuntos sensibles que, hasta este miércoles, incluían también un polémico capítulo sobre venta de tierras a extranjeros que finalmente fue retirado.

La iniciativa se denomina ley de inviolabilidad de la propiedad privada y, según el Gobierno, busca eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.

El capítulo más polémico del proyecto, que reducía las restricciones de compra de tierras por parte de personas y empresas privadas extranjeras y generó un fuerte malestar en la sociedad, fue eliminado en la antesala de la sesión por el bloque oficialista en el Senado, que explicó que se trata de una "postergación" para alcanzar un mayor nivel de consenso.

Pese a esto, la Cámara Alta trata igualmente este jueves el resto del proyecto, que deberá pasar también por la Cámara de Diputados e incluye una serie de medidas significativas.

Una de ellas introduce cambios en el régimen de desalojo de propiedades en casos de usurpación u ocupación ilegal, que pasarían a tramitarse por juicio sumario, un procedimiento más veloz que el actual.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó que el proyecto "favorece el aumento de desalojos forzosos sin evaluación de proporcionalidad de estas decisiones ni la búsqueda de alternativas habitacionales para las familias en situación de vulnerabilidad" en un contexto de crisis económica, con amplias dificultades para pagar el alquiler de las viviendas.

Según CELS, en 2025 el 57 % de los hogares inquilinos destinaron más de la mitad de sus ingresos a cubrir el alquiler, casi 20 % más que en 2024.

El proyecto también incluye modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que limita las modificaciones en el uso del suelo tras un incendio (provocado o accidental), así como la venta o división de las tierras afectadas.

La iniciativa del Gobierno elimina la prohibición del cambio de uso del suelo por 60 años después de un incendio en tierras con bosques, áreas naturales protegidas y humedales y también el impedimento por 30 años para realizar proyectos inmobiliarios y actividades agropecuarias tras incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos.

Greenpeace ha advertido que estas modificaciones podrían generar un aumento de los incendios intencionales en un escenario de creciente deforestación.

Otro de los aspectos centrales del proyecto que se debate este jueves en el Senado busca limitar la capacidad del Estado de expropiar bienes, con definiciones más exigentes de lo que sería la "utilidad pública" que justifique una expropiación.

Además, establece que la indemnización debe asegurar que el expropiado reciba una reparación plena -incluyendo el lucro cesante- por el valor de su bien, tomándose como referencia la valuación anterior al anuncio de la expropiación. EFE