EEUU ha devuelto ya 100.000 millones de dólares de los aranceles declarados ilegales

El Gobierno de Estados Unidos ha procesado ya el reembolso de unos 100.000 millones de dólares (86.816 millones de euros) correspondientes a los aranceles anunciados en abril de 2025 por Donald Trump en el 'Día de la Liberación', que fueron implementados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero que el Tribunal Supremo estadounidense declaró ilegales el pasado mes de febrero.

En una declaración ante el Tribunal Internacional de Comercio de EEUU, el director ejecutivo de la Dirección de Programas Comerciales de la Oficina de Comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, Brandon Lord, ha informado de que, hasta el pasado 31 de julio, se habían aceptado solicitudes por aproximadamente 128.680 millones de dólares (111.715 millones de euros), de las que se habían reembolsado, incluyendo la devolución de los aranceles cobrados más los correspondientes intereses, unos 100.000 millones de dólares.

Se estima que la Administración estadounidense ingresó de manera indebida unos 166.000 millones de dólares (144.115 millones de euros) a través de los aranceles adicionales que fueron anunciados por Donald Trump el 2 de abril de 2025, en el denominado 'Día de la Liberación', y que fueron declarados ilegales por el Supremo de EEUU el 20 de febrero de 2026 al considerar que el inquilino de la Casa Blanca se había excedido en sus atribuciones al invocar la IEEPA para imponer dichos gravámenes.

Tras la decisión del Alto Tribunal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzó el pasado 20 de abril la primera fase del sistema para procesar electrónicamente las solicitudes de reembolso de los aranceles ilegales.

A pesar del varapalo judicial a una de sus medidas estrella, la Administración Trump ha tratado de buscar alternativas para seguir utilizando el comercio como instrumento de presión en sus relaciones internacionales.

De esta manera, a finales de julio, Washington anunciaba la imposición de aranceles a 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no habían prohibido los bienes producidos con trabajo forzado, reemplazando con ella al gravamen global del 10% que fue impuesto con carácter temporal por un periodo de 150 días en respuesta a la decisión del Supremo.

En concreto, los productos procedentes de países que hayan aprobado leyes adecuadas contra el trabajo forzoso estarán sujetos a una tasa más baja del 10%, mientras que aquellos con prohibiciones insuficientes estarán sujetos a la tasa más alta, el 12,5%.