
La Administración Trump ha recurrido por primera vez a un tribunal especial del sistema judicial federal que juzga procedimientos de expulsión contra migrantes por cuestiones de terrorismo para deportar a una mujer afgana de 47 años con dos familiares condenados por un intento de ataque terrorista durante las elecciones en 2024.
"Las acusaciones en este caso revelan que la matriarca de una familia que simpatiza con Estado Islámico colaboró en un complot para perpetrar un ataque con múltiples víctimas contra votantes estadounidenses el día de las elecciones", ha señalado el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado.
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Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha tildado de "histórico" este paso por parte de la Administración Trump. "No debería permitirse que nadie entre en nuestro país para luego traicionarlo. El FBI y nuestros socios del Departamento de Justicia no dudarán en utilizar todos los recursos disponibles para proteger al pueblo estadounidense", ha agregado.
La mujer en cuestión, identificada como Nazira Haji Zada, de 47 años y residente en Fort Worth, Texas, ha sido acusada de colaborar con un plan para perpetrar un tiroteo masivo inspirado en las acciones de Estado Islámico el mismo día en el que los estadounidenses acudieron a las urnas en 2024.
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Por este caso, tanto su hijo como su yerno fueron arrestados y condenados. El Departamento de Justicia ha detallado que la solicitud de expulsión de la mujer se presentó el pasado 15 de julio, si bien ella fue detenida a principios de esta semana y comparecerá ante los tribunales en Washington este jueves.
Su yerno, Nasir Ahmad Tauhedi, se declaró culpable el 13 de junio de 2025 de dos delitos por conspirar e intentar proporcionar apoyo material y recursos a Estado Islámico, así como recibir y conspirar para recibir armas y munición a fin de perpetrar un delito federal relacionado con el terrorismo.
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Según una declaración jurada del caso, Tauhedi se comunicó con un intermediario de la organización terrorista sobre su plan para adquirir armas de cara al complot, llegando incluso a consultar a dicha persona si 500 cartuchos de munición serían suficientes.
Por su parte, Abdulá Zada --quien tenía 17 años al momento de su arresto-- se declaró culpable y ha sido condenado a 15 años de prisión. Asimismo, ha aceptado ser expulsado de Estados Unidos hacia Afganistán una vez cumpla su condena, reconociendo que esto pondrá fin a su estatus de residente permanente legal.
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Según la denuncia, para recaudar fondos destinados al ataque, la familia empezó a vender sus bienes, incluyendo muebles, ordenadores, un teléfono móvil y dos vehículos familiares. También habrían comprado un billete de avión de ida para que Nazira llevara a los niños --aunque no a Abdulá ni a Tauhedi-- a Kabul, Afganistán, poco antes del tiroteo planeado para el día de las elecciones.