Lima, 30 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú investiga por el delito de homicidio calificado a seis personas, presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión, por el incendio en un barrio del centro de Lima que el pasado 22 de julio dejó diez muertos, incluidos cinco menores de edad, según informó este jueves el Ministerio Público.
El despacho fiscal a cargo del caso identificó como presuntos autores a las hermanas Yesenia y Fabiola Ureta, así como Miguel Ureta, Fabián González, Juan Ayllón y Terry Cariat, supuestos integrantes de 'Los vikingos de Gamarra' dedicada a la extorsión de conductores de motos eléctricas y moto taxis.
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De acuerdo con la Fiscalía, el grupo se dedica presuntamente al cobro de cupos de dinero a conductores de motos eléctricas y de motos con pasajeros, que realizaban el servicio de taxi en las inmediaciones de la zona comercial de Gamarra y entre dos estaciones cercanas de la Línea 1 del Metro de Lima.
Según los avances del Ministerio Público, Yesenia Ureta y su esposo Juan Ayllón, apodado 'Pimpollo', habrían enviado a incendiar las motos eléctricas estacionadas cerca al inmueble de la familia afectada, en la madrugada del 22 de julio, en la urbanización Manzanilla II, después de haber enviado amenazas y realizado seguimiento a las víctimas.
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El incendio de las motos eléctricas se extendió hacia las construcciones cercanas y afectó directamente a la casa de una familia, dedicada al servicio de taxi en motos, que se quemó casi por completo y provocó la muerte de cinco adultos y cinco menores de edad.
A raíz de este suceso, la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, se acercó al lugar, antes de ser investida en el cargo, a dar el pésame a los deudos, llevó ayuda humanitaria a nombre de su partido Fuerza Popular y prometió regresar al lugar para anunciar medidas contra la criminalidad.
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La Fiscalía aclaró que las diligencias sobre el incendio han sido redirigidas hacia la División de Homicidios de la Policía Nacional y que se procederá a recoger las declaraciones de los investigados, revisar las denuncias policiales que registran los mismos, efectuar la geolocalización de los teléfonos registrados a sus nombres, entre otras acciones.EFE
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