Ginebra, 17 jul (EFE).- El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, dirigió este viernes un mensaje al Gobierno de Honduras en relación con el asesinato de veinte personas campesinas el pasado mayo, en el que le ha pedido que cumpla su obligación de garantizar que se hará justicia.
El múltiple crimen, ocurrido en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, debe dar lugar a que "los responsables sean llevados ante la justicia, a reparaciones para las víctimas y que se garantice la no repetición de ataques contra las comunidades campesinas", sostuvo Tidball-Binz, un médico especializado en ciencia forense, derechos humanos y acción humanitaria, todas estas áreas en las que tiene una amplia experiencia.
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En el hecho denunciado, un total de catorce hombres, tres mujeres y tres niños, entre ellos dos de 14 años y uno de 17, fueron asesinados por hombres armados presuntamente vinculados a grupos criminales.
"En una región históricamente marcada por conflictos relacionados con el uso de la tierra, la industria de la palma aceitera y las actividades de redes criminales que operan en la zona, esta atrocidad exige una respuesta inmediata, efectiva y transparente por parte del Estado, conforme a las normas internacionales de derechos humanos", recalcó.
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Asimismo, sostuvo que la justicia debe alcanzar tanto a quienes cometieron esos crímenes, como a quienes los planificaron, ordenaron o facilitaron.
"Ninguna persona, grupo o institución que haya participado directa o indirectamente en estos crímenes debe quedar fuera del alcance de la justicia", enfatizó Tidball-Binz
Sobre los sobrevivientes y sus familiares, sostuvo que "la reparación no puede limitarse a una compensación económica" y debe considerar de forma integral los daños materiales, morales y sociales ocasionados por estos hechos.
El relator también dijo que la sociedad hondureña "no puede aceptar que una tragedia de esta magnitud permanezca sin esclarecer y sin sanción". EFE
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