
El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, y la ministra de Hacienda de Reino Unido, Rachel Reeves, se han reunido este fin de semana en Kiev para analizar la posibilidad de reforzar la defensa de Ucrania con los activos rusos congelados.
Fedorov ha informado este martes de que trasladó a Reeves la necesidad de desbloquear "lo antes posible" los fondos del Espacio Europeo de Investigación (ERA) a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y para ello destinar el valor de los bienes rusos congelados, según ha publicado en un mensaje en sus redes sociales.
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"Tenemos tres prioridades inmutables: defensa aérea, munición de largo alcance y drones ucranianos", ha enumerado el ministro de Defensa, que incide en que son las tres áreas que deben recibir esta financiación de sus socios "hoy mismo".
"Ucrania está avanzando hacia procedimientos competitivos abiertos para utilizar los fondos presupuestarios de manera más eficaz y destinar más fondos a las necesidades de las Fuerzas Armadas", ha destacado.
Fedorov ha señalado que "se prestó especial atención al apoyo a la defensa aérea ucraniana", así como al suministro constante que Ucrania necesita de misiles balísticos y bombas aéreas guiadas, incidiendo en la importancia para ello de la iniciativa PURL, con la que la OTAN ha propuesto a los países europeos armar con proyectiles y armamento estadounidense al Ejército ucraniano.
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Las sanciones a Rusia han sido también asunto de debate durante la reunión, así como la lucha contra la conocida como 'flota en la sombra' que Rusia dispone para sortear las restricciones y seguir financiando la guerra.
El grueso de los activos rusos congelados se encuentra en territorio europeo, especialmente en Bélgica, con 170.000 millones de euros de los 210.000 millones de euros que dispone dentro de la UE. Precisamente ese país es quien más pegas ha puesto a esta propuesta de utilizar estos bienes para compensar a Ucrania.
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Actualmente, los aliados de Ucrania han optado por no tocar el capital ruso que permanece congelado, al menos unos 260.000 millones de euros aproximadamente, debido a la falta de garantías legales, pero sí están utilizando los beneficios que genera para financiar a Ucrania.