El Gobierno pide a Bruselas más tiempo, hasta marzo de 2027, para frenar la temporalidad abusiva en las AAPP

El Gobierno ha pedido más tiempo a la Comisión Europea, hasta marzo de 2027, para poder impulsar las reformas necesarias que eliminen el abuso en la contratación de temporales en el sector público, según un comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

El Departamento que dirige Óscar López fundamenta su petición a Bruselas en que en los últimos meses se han dictado sentencias, como la del pasado 11 de mayo del Tribunal Supremo, que han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización "que hay que analizar", además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas.

El pasado 29 de abril la Comisión Europea dio tres meses a España --que se cumplieron ayer, 29 de junio-- para aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y a corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Gobierno ha pedido ahora más tiempo a la Comisión, alegando, entre otros motivos, la sentencia del Supremo conocida el pasado mes de mayo en la que el Alto Tribunal descartaba convertir en fijos de forma directa a todos los empleados en abuso de temporalidad, sino sólo a los que hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, y en la que se establecía un sistema de indemnizaciones para los trabajadores que hubieran sufrido abuso de temporalidad.

En concreto, el Supremo señala en dicho fallo que cuando se extinga una relación laboral abusiva, el trabajador tiene derecho a dos indemnizaciones distintas e independientes, compatibles entre sí: la extintiva (en una cuantía "no exigua" en el caso de relaciones laborales anormalmente largas) y una compensatoria por el abuso de temporalidad, que ha de tener en cuenta daños morales y materiales (ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso).

En el caso de los daños morales y de cara a los futuros pleitos que surjan al respecto, el Alto Tribunal fija una indemnización mínima, siguiendo los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de los contratos temporales, que establece multas, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

La condena al pago de una indemnización superior a esta indemnización presuntiva mínima exigirá que el trabajador acredite concretamente el perjuicio sufrido, por lo que le incumbe la carga de la prueba.

REUNIÓN CON LAS CCAA Y LA FEMP EL PRÓXIMO 8 DE JULIO

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha emplazado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander con el objetivo de debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público.

Según ha explicado Función Pública, este encuentro tendrá lugar en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público y servirá para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la anterior reunión con las CCAA, celebrada el 7 de mayo, y que se saldó con la creación de un nuevo grupo de trabajo para estudiar los posibles cambios de normativa.

"Este grupo da ahora sus primeros pasos solicitando a sus integrantes aportaciones normativas para reducir la temporalidad, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad", apunta el Ministerio en un comunicado.

Según el Ministerio, esta cita en Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las CCAA para frenar la temporalidad.

Función Pública recuerda que son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40%, frente al 4,7% en la Administración General del Estado. En concreto, la temporalidad en los sectores de Educación y Sanidad, competencia de las CCAA, asciende al 40% y 43%, respectivamente.

Con ese mismo fin, el Gobierno citó el pasado miércoles 24 de junio a las organizaciones sindicales a una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas con el siguiente orden del día: seguimiento de procesos de estabilización, sentencias judiciales y contactos con la Comisión Europea.

En la reunión presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez, se actualizaron a 440.168 los procesos de estabilización de plazas temporales en fijas y también se solicitó a las organizaciones sindicales aportaciones para consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad.

CSIF PIDE ENDURECER LAS SANCIONES

Al hilo de todo lo anterior, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que se deben establecer "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

"El Ministerio de Función Pública ha pedido más tiempo a la Comisión Europea antes de que se hagan efectivas las sanciones por incumplir los objetivos de la Ley de Estabilización que limitan al 8% la tasa de temporalidad. El propio Ministerio reconoce que, en los sectores de Educación y Sanidad, la temporalidad asciende al 40% y el 43%, respectivamente", denuncia CSIF.

Por ello, CSIF propone que, además de endurecer las sanciones, las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales necesarias y evitar así acudir a la contratación temporal; reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos, y eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.