
El Tribunal de Cuentas ha avisado de que, para cumplir con el objetivo que mandata la Ley de la Ciencia de alcanzar el 1,25% del PIB en financiación pública en I+D+I en 2030, España debe aumentar en 4.500 millones el esfuerzo presupuestario.
Así lo revela el Tribunal de Cuentas en su informe de Fiscalización de los sistemas de planificación por objetivos de la Administración General del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, ejercicio 2024, recogido por Europa Press.
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En su informe, el organismo concluye que la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) "presenta carencias y necesita reforzar la medición de sus resultados y garantizar sus fuentes de financiación".
Esta estrategia constituye el principal instrumento de planificación de las políticas públicas de investigación, desarrollo e innovación en España. A través de ella se definen los fines, las líneas de actuación y los mecanismos para evaluar su desarrollo y resultados.
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El Tribunal de Cuentas señala que la EECTI 2021-2027 está "adecuadamente diseñada" y ha supuesto un avance respecto a la estrategia anterior. No obstante, identifica "carencias y aspectos a mejorar" relacionados con la definición de objetivos, el establecimiento de metas y la medición de resultados que permitan valorar con precisión el grado de cumplimiento de la estrategia.
El informe señala que los mecanismos de seguimiento y evaluación existentes se sustentan principalmente en información presupuestaria y de gestión de las actuaciones. Sin embargo, advierte de que "carecen de información relevante sobre el grado de consecución de los objetivos estratégicos".
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Por ello, el Tribunal recomienda "reforzar la calidad de la planificación estratégica mediante objetivos más claros y evaluables, metas cuantificables y mecanismos que permitan relacionar las actuaciones desarrolladas con los resultados alcanzados y su impacto".
La fiscalización considera "coherente y adecuado el marco de gobernanza para la consecución de sus fines". La participación de múltiples administraciones públicas y agentes del sistema científico y de innovación refuerza la importancia de disponer de mecanismos eficaces de coordinación y evaluación.
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El Tribunal destaca también la robustez del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), una herramienta en continua evolución que "ofrece importantes posibilidades para reforzar el análisis de resultados, mejorar la toma de decisiones y avanzar en la evaluación del impacto de las políticas públicas de I+D+I".
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