Los Veintisiete respaldan la reforma de los planes de pensiones privados

Los Estados miembro de la Unión Europea han respaldado este viernes el grueso de la reforma de la normativa que regula los fondos de pensiones de empleo, los sistemas de ahorro para la jubilación promovidos por las empresas para complementar las prestaciones públicas, con el objetivo de facilitar sus inversiones y eliminar barreras que limitan su actividad.

El mandato negociador mantiene el grueso de la propuesta presentada por la Comisión Europea para reforzar el marco común que regula estos fondos, aunque introduce varios cambios para preservar el margen de actuación de los gobiernos sobre sus sistemas nacionales de pensiones y reducir parte de las cargas administrativas previstas inicialmente.

Entre las principales modificaciones introducidas por el Consejo figura el aumento hasta el 100%, frente al 70% que proponía Bruselas, del límite para invertir en acciones y bonos corporativos cotizados en mercados regulados, con el objetivo de "favorecer la inversión en la economía real", si bien cada Estado miembro podrá mantener límites más restrictivos en su legislación nacional.

Los gobiernos también mantienen el denominado principio de "prudencia", que obliga a realizar las inversiones con niveles de riesgo adecuados, así como el marco armonizado para las transferencias colectivas de fondos de pensiones, tanto dentro de un mismo país como entre distintos Estados miembro, y las normas básicas de conducta empresarial planteadas por la el Ejecutivo comunitario.

En cuanto al ámbito de aplicación de la directiva, el Consejo propone que cada país pueda decidir si las normas se aplican al propio fondo de pensiones de empleo, a la entidad autorizada que lo gestiona o a ambos, siempre que exista una separación jurídica de los activos.

En línea con el objetivo de reducir la carga administrativa, los Estados han eliminado varias obligaciones incluidas en la propuesta inicial de Bruselas, entre ellas las relacionadas con los sistemas de seguimiento de pensiones, la atribución de determinadas funciones a las autoridades supervisoras europeas o la celebración de diálogos periódicos entre estas y los fondos.

La revisión de la directiva se enmarca en la estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones de la UE, con la que Bruselas pretende canalizar más ahorro privado hacia la economía europea y reforzar los sistemas complementarios de jubilación ante los retos demográficos y del mercado laboral que afrontan los sistemas de pensiones.