Atenas, 22 jun (EFE).- Dimitris Avramopoulos, comisario de Interior entre 2014 y 2019 y actualmente diputado griego, ha asegurado este lunes que no estuvo implicado en la presunta red de sobornos de Catar y Marruecos en el Parlamento Europeo en 2022, después de que la Justicia belga haya emitido una orden de arresto contra él, informan los medios locales.
"Nunca tuve ninguna relación con este caso", señaló en un comunicado, Avramopoulos, actualmente diputado en el Parlamento de Grecia con Nueva Democracia (ND), el partido conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis.
Según el diario griego Kathimerini, el excomisario ha sido acusado por la Justicia belga de participar en una organización criminal, una actividad que le habría reportado 73.000 euros que recibió de la ONG 'Combatir la Impunidad', fundada en 2019 por el exeurodiputado italiano Pier-Antonio Panzeri, figura principal de la trama.
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Avramopoulos alegó este lunes que su participación en esa ONG "fue completamente legal, auditada, aprobada, declarada y tributada".
"Cualquier intento por parte de las autoridades belgas de sacar a relucir el tema e implicar mi nombre en cualquier asunto relacionado con Combatir la Impunidad (...) es arbitrario, inaceptable, sospechoso y será abordado por todos los medios legales", dijo este lunes Avramopoulos.
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Cuando estalló el escándalo en 2022, el ya excomisario dijo que no estuvo involucrado en trabajos de carácter "ejecutivo" o en la "gerencia" de esta organización, y que fue solo uno de varios políticos que formaban parte del Consejo Honorífico de la ONG.
La Justicia belga ya ha presentado el expediente contra el excomisario europeo ante la Fiscalía de Atenas, si bien por ahora las autoridades no pueden detener a Avramopoulos ya que goza de inmunidad parlamentaria, informa Kathimerini.
En su comunicado, el político conservador señaló que no hará uso de la inmunidad parlamentaria y que solicitará "que se investigue a fondo el asunto", al tiempo que calificó de infundadas las acusaciones.
El escándalo de Catargate estalló en diciembre de 2022 cuando la Policía belga confiscó más de un millón de euros en efectivo en allanamientos en los domicilios en Bruselas de la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili; de su pareja y asistente, Francisco Giorgi; y el de Panzeri.
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Panzeri, Kaili, y Giorgi, y los exeurodiputados italianos Niccolò Figà-Talamanca, Marc Tarabella, y Andrea Cozzolino han sido acusados de corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a una organización criminal que presuntamente recibía sobornos de Catar y Marruecos a cambio de promover los intereses de esos países en la Unión Europea.
El caso no ha registrado avances en los últimos meses y sigue a la espera de juicio. EFE
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