Buenos Aires, 22 jun (EFE).- La Justicia argentina declaró este lunes crímenes de lesa humanidad el fusilamiento de cinco peronistas ocurrido en junio de 1956 durante la dictadura que un año antes había derrocado al presidente Juan Domingo Perón, y atribuyó al Estado la responsabilidad por la planificación y ejecución del operativo.
El fallo fue dictado durante la audiencia final de un "juicio por la verdad" iniciado el pasado 17 de junio para esclarecer los hechos ocurridos hace 70 años en un descampado de la localidad de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, en los que cinco civiles fueron ejecutados.
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El caso permaneció oculto durante meses hasta que fue reconstruido por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en su libro 'Operación Masacre' (1957), una de las obras fundacionales del periodismo de investigación en Argentina.
La jueza Alicia Vence consideró probado que a última hora del 9 de junio de 1956, tras el intento de levantamiento encabezado por el general peronista Juan José Valle contra el régimen de facto de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, doce personas fueron detenidas ilegalmente en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida.
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Los detenidos fueron trasladados hasta un basural de José León Suárez, donde en la madrugada del 10 de junio se abrió fuego contra ellos.
Fueron fusilados Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Mario Brión y Vicente Rodríguez mientras otros siete sobrevivieron.
Entre estos últimos, Juan Carlos Livraga, de 94 años, conocido como "el fusilado que vive" por el relato de Walsh y cuyo testimonio fue incorporado al juicio mediante una declaración escrita y una entrevista audiovisual que había realizado tiempo atrás.
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La magistrada consideró acreditados los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía.
Asimismo, le atribuyó responsabilidades a los máximos jefes de la dictadura de entonces -Aramburu y Rojas-, así como al jefe de la Policía bonaerense Desiderio Fernández Suárez y al comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, todos ellos fallecidos.
Debido a la muerte de los responsables, el proceso no implica condenas penales, pero permite establecer responsabilidades, reconstruir los hechos y disponer medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
"Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal", señaló Vence durante la lectura del fallo.
Entre las medidas de reparación ordenadas figuran la rehabilitación del nombre y honor de las víctimas, la publicación de la sentencia en los boletines oficiales nacional y bonaerense, la incorporación de los hechos en los programas educativos y la colocación de señalizaciones conmemorativas en los lugares vinculados con los fusilamientos.
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La resolución también dispone la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez y la incorporación de los fusilados al registro de víctimas de violencia institucional del Estado.
El juicio fue impulsado por allegados de las víctimas con el acompañamiento de organismos de derechos humanos y contó con la declaración de familiares, testigos e investigadores que reconstruyeron los acontecimientos.
El fallo representa un nuevo antecedente en la búsqueda de verdad y reparación por violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras en Argentina. EFE
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