Juez rechaza por ahora pedir información a EEUU sobre el móvil de exdirectivo de Plus Ultra interesada por Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha rechazado de momento reclamar información a Estados Unidos sobre el acceso al teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea investigado en el caso, una diligencia que había solicitado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, también imputado por su presunta influencia en el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno a la aerolínea.

En un auto recogido por Europa Press, Calama desestima así la petición de Zapatero, que a través de un escrito le había instado a pedir a Estados Unidos más detalles acerca de la intervención de celular, el acceso a la información del mismo, los métodos de clonado y la remisión del contenido a España, al plantear "dudas razonables" en el respeto a las garantías procesales.

Calama argumenta que no es posible efectuar "una valoración fundada" sobre la petición de información sobre el móvil de Reyes hasta que Estados Unidos no conteste a la reclamación de "cooperación jurídica" que el juez envió hace unas semanas, en la que pedía al país norteamericano utilizar como "medio de prueba" el contenido del teléfono del empresario venezolano.

El contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, quien se encuentra en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de busca y captura por parte de Interpol, constituye una de las principales fuentes de prueba sobre las que se ha erigido el caso.

DESCARTA IMPONER FIANZA POR IMPORTE DE LA DEUDA DE PLUS ULTRA

En el auto, Calama también desestima algunas diligencias solicitadas por la acusación popular unificada liderada por el PP, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o la del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, en su caso como testigo.

Y descarta la pretensión de la acusación popular de imponer una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, aduciendo que la solicitud parte de "un presupuesto jurídico incorrecto".

El instructor arguye que la investigación no tiene por objeto "el procedimiento administrativo de concesión de la ayuda pública" de 53 millones de euros a Plus Ultra, como tampoco la "regularidad del funcionamiento" del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, "sino la conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en tanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias".

"La solicitud de las acusaciones populares excede el ámbito de su legitimación procesal: no pueden reclamar restituciones, reparaciones o indemnizaciones, ni pueden, en consecuencia, instar embargos, fianzas o cualquier otra medida cautelar real", zanja.

No obstante, avanza que adopta estas medidas sin perjuicio de poder valorar su pertinencia, utilidad y necesidad conforme avance la instrucción del caso, que se encuentra en una fase incipiente.

"CONSENTIMIENTO" PARA PEDIR INFORMACIÓN EN EL EXTRANJERO

Por otro lado, el expresidente del Gobierno ha remitido al juez un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que da su "consentimiento expreso" para que el magistrado "pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza" que se encuentren fuera de España "para recabar la documentación o información" que pueda ser relevante para la causa.

Zapatero, que anunció en un comunicado que otorgaría esa autorización "universal" tras declarar ante el magistrado, precisa que también da luz verde a que se indague sobre "activos mobiliarios o inmobiliarios" o "de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato". Asimismo, el exdirigente socialista traslada su "expresa voluntad" de otorgar "cuantos documentos fueran necesarios".

Este miércoles, en su declaración ante el juez, el exlíder socialista negó tener empresas en el extranjero y se desvinculó de la creación de una empresa 'offshore' en Dubái, como le atribuyó indiciariamente Calama en el auto de imputación del expresidente.

En concreto, el juez apuntó que Zapatero habría impartido instrucciones para constituir una sociedad mercantil instrumental en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Calama sospecha que, a través de ella, se habría canalizado el cobro de 530.000 euros --el 1 % del rescate-- que presuntamente habría recibido la supuesta red a cambio de sus gestiones para la concesión de la ayuda a Plus Ultra.