Bruselas estudia endurecer la relación comercial con China porque ya "no es sostenible"

Bruselas, 29 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigió este viernes un debate entre los veintisiete comisarios sobre las herramientas de política comercial que la Unión Europea puede emplear contra China, ante la percepción de que la relación económica con Pekín "no es sostenible".

El Ejecutivo comunitario sigue apostando por reducir la dependencia frente a China sin romper por completo los lazos con el gigante asiático, informó la Comisión en un comunicado al término del debate, en línea con la visión que Von der Leyen fijó hace más de dos años.

"China es un socio fundamental y el compromiso y el diálogo continuarán. Al mismo tiempo, el estado actual de la relación comercial y de inversión no es sostenible. A medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más sólida y coherente", señaló la nota sobre el debate, del que no han trascendido más detalles.

De la discusión de hoy no se esperaban decisiones concretas, ya que el debate continuará en "las próximas semanas" en el marco del G7 y en la cumbre que los líderes europeos celebrarán el 18 y 19 de junio.

La UE estudia la manera de frenar el declive de sectores como el de la automoción, el acero, el aluminio y las tecnologías limpias, del que se responsabiliza, en parte, a las ayudas estatales que reciben las empresas chinas, fomentando la competencia desleal.

En este contexto, países como Francia e Italia han aumentado el tono, pidiendo a Bruselas que inicie más investigaciones contra las empresas chinas que reciben subvenciones de Pekín y proponiendo que se rebajen las cuotas de los productos que pueden entrar al mercado único libres de aranceles.

Otros, como Alemania y Países Bajos, y sobre todo España, también reclaman medidas para reducir la dependencia de China, pero con un "enfoque práctico", según la expresión que usó este jueves el vicepresidente y ministro de Economía y Comercio español, Carlos Cuerpo, para no perder inversión extranjera y el acceso a materias primas, en un contexto de mayor conflictividad con Estados Unidos.

Además, la UE ha empezado a discutir leyes como la de Aceleración Industrial - que prevé introducir el criterio de "preferencia europea" en licitaciones públicas y a la hora de recibir ayudas estatales - o la de Redes Digitales y Ciberseguridad - con las que se quiere excluir a Huawei y ZTE en el desarrollo de infraestructuras esenciales -.

Los ministros de Industria de los Veintisiete celebraron la víspera la primera discusión sobre la ley de Aceleración Industrial, con París y Roma haciendo un llamamiento para aprobar cuanto antes la normativa y cuestionando la posibilidad de que empresas chinas puedan recibir ayudas europeas si trasladan su producción a Europa.

Madrid, Berlín y La Haya, en cambio, apostaron también por seguir manteniendo una economía europea abierta porque "nuestras empresas necesitan mercados con los que comerciar", en palabras de la ministra neerlandesa, Stientje van Veldhoven.

La medida que sí entrará en vigor el 1 de julio es una reducción de las cuotas de acero que la UE puede importar libres de aranceles, hasta las 18,3 millones de toneladas, y una subida al 50 % de las tasas a partir de este tope.

La relación comercial entre la UE y Pekín se tensó el año pasado con la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos para proteger a una industria que, al mismo tiempo, depende a día de hoy de los chips del gigante asiático.

Una realidad que se ejemplificó el año pasado, cuando la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) mostró su preocupación por la crisis entre Países Bajos y Pekín por el control del fabricante de semiconductores Nexperia, que llevó a Pekín a vetar temporalmente el envío de chips a Europa.

El gobierno chino, de hecho, ha amenazado a la UE con represalias si no elimina la preferencia europea en la ley de Aceleración Industrial y si impide el acceso Huawei o ZTE al mercado único, porque considera que es una política discriminatoria. EFE