Perú halla indicios de "irregularidades" por parte de funcionarios de la comisión electoral en últimos comicios

La Contraloría General de Perú ha hallado indicios de que al menos una decena de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) incurrieron en irregularidades "graves" que impidieron a más de 55.000 electores de la Lima Metropolitana votar durante las elecciones generales del 12 de abril.

En el marco de las pesquisas sobre las supuestas irregularidades cometidas entonces, la entidad ha publicado un informe en el que se acusa a estos trabajadores de "alterar las reglas del concurso para favorecer a una empresa de transportes" y aprobar pagos adicionales "sin justificación técnica ni legal".

Entre los acusados se encuentra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, que a principios de mayo fue puesto bajo medidas cautelares que impedían su salida del país durante al menos un año y medio.

La Contraloría ha señalado que todos ellos beneficiaron de manera indebida a la empresa contratada para el traslado de los materiales electorales, por un valor total de unos 6,3 millones de soles (unos 1,5 millones de euros), según informaciones del diario peruano 'La República'.

Los evaluadores de la ONPE, Lilia Flores Bancho y William García Velásquez cambiaron los requisitos para favorecer a un postor específico al cambiar la dimensión exigida a los camiones cuando se detectó que la empresa Hermes Transportes Blindados SA era la que tenía una mejor oferta. Además, se detectó que remitieron información inexacta sobre la capacidad de carga de los vehículos para otorgarle una puntuación que no le correspondía.

"Se corrobora que el criterio aplicado de disminuir dos metros el largo de la unidades vehiculares no estuvo previsto en ninguna parte de los términos de referencia u otro documento, evidenciando acciones de los evaluadores al margen de las reglas definitivas e inalterables de las bases de selección y lineamientos de contratación", recoge el documento.

Gracias a dicha modificación, se rechazó la opción más conveniente y se entregó el contrato a la empresa Galaga SAC, cuya oferta era más cara en comparación con el candidato que debería haber ganado legítimamente el concurso. Además, la empresa no contaba con camiones propios: dio el servicio con un 92% de vehículos alquilados a terceros y solo un 8% de camiones propios.

RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS

Debido a la falta de planificación, los equipos informáticos utilizados para las capacitaciones se entregaron tarde, lo que alteró el programa establecido para la votación, tal y como indican estas investigaciones.

Un día antes de la votación, los encargados reprogramaron las rutas de entrega para 553 locales e informaron de que los camiones se demorarían entre 3 y 4 horas en llegar, cuando en realidad necesitaban por lo menos 8 horas de viaje.

Esta descoordinación provocó que el material llegara tarde a 3.605 mesas y causó que 187 mesas de votación en Lima Metropolitana no se pudieran instalar, lo que afectó al derecho a voto de un total de 55.261 electores.

La gestión del propio Corvetto quedó en entredicho después de que estos votantes denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada del domingo 12 de abril, por lo que las autoridades tuvieron que prorrogar la votación hasta el lunes, día 13.