
La Fiscalía de Filipinas ha pedido este jueves a las fuerzas de seguridad del país acatar la orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el senador y exjefe de la Policía de Filipinas Ronald Dela Rosa, que continúa a la fuga desde que se atrincheró la semana pasada en el Senado para evitar su arresto.
El ministro de Justicia del país, Frederrick Vida, ha confirmado que esta orden se ha dado tanto a la Oficina Nacional de Investigación como a la Policía Nacional de Filipinas, una vez el Supremo rechazó el miércoles aceptar el recurso presentado por el propio Dela Rosa para bloquear la detención.
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"Quiero confirmar que las diferentes fuerzas del orden de Filipinas han recibido esta orden y tienen ahora la misión de arrestarlo", ha aclarado Vida en una rueda de prensa en la que ha dado por "válida" la orden del TPI y ha expresado que Dela Rosa es considerado un "fugitivo de la Justicia", según informaciones del diario 'The Philippine Star'. "Es un fugitivo, y debería ser llevado ante el TPI para enfrentarse a los cargos que se le imputan", ha añadido.
Por su parte, la Fiscalía ha indicado que no existen "impedimentos legales para detenerlo" tras la decisión del Supremo y ha allana el camino para que sea llevado a La Haya, donde se han hallado "motivos razonables para creer que Dela Rosa es presuntamente responsable penalmente como coautor indirecto (de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma) del crimen de lesa humanidad" en relación con la 'guerra contra las drogas' puesta en marcha bajo la Administración del expresidente Rodrigo Duterte.
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El TPI hizo pública la semana pasada la orden de arresto existente contra Dela Rosa, por lo que las fuerzas de seguridad trataron de hacerla efectiva. No obstante, el senador se atrincheró durante horas en la sede del Parlamento, donde se registraron disparos, antes de darse a la fuga. De momento se encuentra en paradero desconocido.
Duterte se encuentra actualmente bajo custodia en La Haya a la espera de juicio por aquella controvertida 'guerra contra las drogas', que se saldó con unos 6.000 muertos, según cifras oficiales, que las organizaciones de Derechos Humanos ascienden a más de 30.000.
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