Ramaphosa "respeta" el fallo judicial que podría activar un proceso para su destitución

Nairobi, 8 may (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, "respeta" el fallo judicial que declaró nula este viernes la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 un informe que lo acusaba de la posible violación de leyes anticorrupción, lo que podría activar un proceso para su destitución.

En un comunicado, la Presidencia sudafricana dijo haber "tomado nota" del fallo del Tribunal Constitucional y señaló que Ramaphosa "reafirma su compromiso con la Constitución, la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho".

Ramaphosa -subrayó- "ha brindado de manera constante toda su asistencia a las diversas investigaciones sobre este asunto".

Además, el mandatario "sabe que ninguna persona está por encima de la ley y que cualquier acusación debe someterse al debido proceso sin temor, favoritismo ni prejuicio", destacó el comunicado.

El Tribunal Constitucional sudafricano declaró este viernes "incompatible con la Constitución, inválida y nula" la votación del 13 de diciembre de 2022 en la que la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) "se negó a remitir el informe del panel independiente a un comité de destitución", y ordenó la entrega del documento.

La corte dio así la razón al partido opositor de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF), cuarta formación del país y que presentó el recurso en 2024.

En esa votación, el partido de Ramaphosa, el Congreso Nacional Africano (CNA), que por entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara, dio instrucciones a sus legisladores para que votaran en contra de la adopción del informe, lo que impidió la creación del citado comité y la apertura de un proceso para destituir a Ramaphosa.

El documento hacía referencia al escándalo del robo millonario en una granja de su propiedad en Phala Phala, que llevó a un partido opositor minoritario a presentar una moción contra el presidente y a la creación de un panel independiente para analizarla.

Esa formación acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.

El escándalo estalló en junio de 2022, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser demandó al jefe de Estado, al acusarlo de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi cuatro millones de euros escondidos en la finca, ocurrido el 9 de febrero de 2020.

La Presidencia ya negó entonces las acusaciones de Fraser y confirmó que hubo un robo ese día, pero el mandatario alegó que la suma sustraída fue de 580.000 dólares (unos 493.000 euros al cambio actual). EFE

(foto)