Las defensas en el caso ataúdes apuntan a Justo M. como un 'lobo solitario'

Las defensas en el 'caso ataúdes' han presentado este miércoles a varios testigos en su estrategia de rechazar de plano que entre 1995 y 2015 se hubiera instalado en el grupo funerario El Salvador la operativa del cambiazo de féretros y, en todo caso, que si en el periodo investigado se produjeron irregularidades de ese tipo las mismas las llevó a cabo, por su cuenta y riesgo, el trabajador ya fallecido Justo M, el mismo que elaboró un concienzudo dosier con fotografías de las supuestas cajas cambiadas y multitud de anotaciones.

La intervención del aludido como un 'lobo solitario', en el argot policial, es una de las bazas que está tratando de explotar la defensa de los veintitrés encausados, entre miembros de la familia Morchón, trabajadores del grupo y proveedores, tal y como ha quedado patente este miércoles a través del testimonio de Gregorio Morchón Alonso, sobrino del magnate funerario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, y primo de los tres hijos de éste también acusados, y del aún empleado de El Salvador Juan Carlos U, cuya declaración se ha dirigido a criticar la personalidad de Justo M, sembrar la duda sobre sus supuestos intereses espurios y avalar que esos supuestos cambiazos pudo realizarlos él mismo, sin ayuda de nadie.

Así, Gregorio Morchón ha sostenido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que conocía a Justo de haber hablado con él por teléfono en distintas ocasiones pero recuerda de él su "prepotencia", hasta el punto de que, como así ha apostillado, "se creía el dueño del gallinero, el dueño de la empresa", de ahí que no se llevara bien con ningún otro compañero. El testigo también ha dejado caer que "se decía que le habían pillado robando cosas que no eran suyas" e igualmente mantenía una evidente enemistad con su tío, el magnate del féretro, porque le había respondido con un "nanai de la China" a la solicitud de que contratara a su hijo.

Gregorio, con 28 años en la empresa en la que entró en 1998, ha especificado que ha alternado labores en recepción y cafetería, la venta de ataúdes, la realización de sustituciones y hasta le fueron encomendado trabajos de incineración, que no llegó a realizar en al época investigada, pero que le han aportado ciertos conocimientos en esta última materia.

Basado en esa información, el testigo, al igual que luego ha corroborado el mecánico Juan Carlos U, ha negado haber presenciado irregularidades como las denunciadas por Justo y, en cualquier caso, ha asegurado que una sola persona podría ser capaz de cometerlas, manipulando en solitario los cadáveres, puesto que por aquel entonces no había cámaras de vigilancia en la zona del horno crematorio, lo que permitía al encargado del horno actuar a su antojo.

El también testigo Juan Carlos U. ha corroborado la mala relación que existía entre Justo e Ignacio Morchón y en este sentido ha asegurado que un tal Pedro, amigo del primero y vecino de Trigueros del Valle, antes de que saltara la 'Operación Ignis', ya le advirtió de que el citado trabajador "se la iba a preparar" al empresario vallisoletano.

Otra de las bazas de los defensores es tratar de demostrar que todas y cada una de las decisiones en el grupo funerario las daba Ignacio Morchón padre, mientras que su esposa, María del Rosario, y sus hijos Ignacio, Rosi y Laura se limitaban a acatar sus órdenes sin rechistar, como así también han venido a sostener otros muchos testigos, todos ellos exempleados y trabajadores aún en activo, en un intento de centrar en la persona del empresario cualquier responsabilidad si la hubiera y que, lógicamente, ha quedado extinguida desde el punto de vista penal a raíz de su fallecimiento.

LOS FAMILIARES QUERÍAN SACAR DINERO

Por su parte, Eva María G, quien fuera empleada de Seguros Ocaso entre 2010 y 2023, también testigo de la defensa, ha comparecido para dar por buena la actividad que por aquellas fechas desplegaba la funeraria El Salvador, afirmación que ha realizado a partir de su labor de asistente en la referida compañía y que le llevó a mantener relación con el grupo investigado a la hora de atender a los familiares de los fallecidos.

"Siempre han tratado muy bien a las familias. Se hacía un control del servicio, una vez prestado, con calificaciones de uno a diez y la percepción de los clientes era buena porque daban de media un ocho", ha indicado Eva María, quien, de forma categórica y a diferencia de lo denunciado en anteriores sesiones por los perjudicados, ha manifestado que siempre se ofrecía a los familiares de los difuntos la posibilidad de presenciar la cremación de sus seres queridos.

Pero además, la testigo ha relatado que cuando la policía explotó la operación y comenzaron las comunicaciones del juzgado a los perjudicados ofreciendo la posibilidad de personarse en la causa, las oficinas de Ocaso comenzaron a recibir las visitas de personas, integradas en asociaciones, que acudían para pedir la factura del sepelio. "Yo les preguntaba si habían tenido algún problema, decían que no pero comentaban que les habían dicho que podían sacar dinero reclamando el importe de las cajas", ha recordado, quien, a una última pregunta del fiscal, ha venido a reconocer que su marido trabajó para El Salvador durante tres años.

La jornada ha contado también con los testimonios de más familiares de fallecidos cuyos sepelios fueron oficiados por El Salvador y que, a diferencia de otros muchos, no han llegado a personarse como perjudicados por entender que el servicio fue prestado con total normalidad. Así lo han relatado Miriam S.M, Mercedes S.J. y Óscar M.H, quienes han explicado que al destaparse el escándalo del supuesto cambiazo de féretros recibieron comunicación del juzgado ofreciéndoles acciones, si bien rechazaron tal posibilidad.

El juicio no volverá hasta el próximo lunes, 4 de mayo, con más testigos de las defensas, mientras que al día siguiente llegará ya el turno para policías y peritos.