
La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a Bélgica por incumplir sus obligaciones en materia de Derecho de la Unión al reconocer laudos arbitrales entre inversores y Estados relativos al sistema de energías renovables español. Según Bruselas, estos laudos obligan a España a pagar compensaciones a inversores por los cambios introducidos en su marco de apoyo a las renovables.
España notificó esos laudos a la Comisión para que fueran revisados con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado. Pese a ello, las autoridades belgas reconocieron los laudos en Bélgica con vistas a su ejecución antes de que la Comisión concluyera su análisis, lo que, a juicio del Ejecutivo comunitario, creó un "riesgo inminente" de que España tuviera que pagar las compensaciones.
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La Comisión considera que ese reconocimiento vulnera la obligación de suspensión prevista en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en la Decisión SA.40348 sobre el sistema de energías renovables español, que exige no ejecutar ayudas potencialmente ilegales hasta que Bruselas se pronuncie.
A su entender, las solicitudes de reconocimiento de los laudos constituyen un intento de eludir las normas de ayudas de Estado frente al que Bélgica debía haberse opuesto en virtud del principio de cooperación leal recogido en el artículo 4.3 del Tratado de la UE, en conexión con el artículo 108.3 del TFUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre arbitraje de inversiones.
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La Comisión ya había enviado una carta de emplazamiento a Bélgica en diciembre de 2025, pero las explicaciones remitidas por el país no han sido suficientes para cambiar su valoración. Ahora, Bélgica dispone de un plazo de dos meses para responder al dictamen motivado y adoptar las medidas necesarias. Si la respuesta no resulta satisfactoria, Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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