Un comité de la ONU dictamina que Suecia violó los derechos de un niño con discapacidad al deportarlo a Albania

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este lunes que el Gobierno de Suecia ha violado el derecho a la vida de un menor de origen albanés con un alto nivel de discapacidad que fue deportado en dos ocasiones a Albania a pesar de los riesgos que estos traslados presentaban para su salud.

En un comunicado, ha hallado indicios de que se ha imposibilitado el acceso "efectivo" por parte del niño a un tratamiento médico "esencial" dadas las afecciones que presenta, que son "complejas" e incluyen autismo, dipléjica espástica, hidrocefalia y epilepsia.

Tanto él como su familia llegaron a Suecia en 2012 en busca de protección y atención sanitaria, pero tras años de solicitudes de asilo y apelaciones infructuosas "fueron deportados a Albania en 2016, cuando él tenía 10 años, y de nuevo en 2019, cuando tenía 14", tal y como recoge el texto.

Ahora, en su dictamen, el comité ha señalado que el niño, identificado como E.B., sufrió una vulneración de sus derechos. "Antes de deportar a un niño con discapacidades graves y complejas y afecciones que ponen en peligro su vida, los Estados deben realizar una evaluación rigurosa e individualizada y garantizar que el tratamiento y la medicación esenciales sean accesibles y estén disponibles en el país de acogida", ha afirmado Wafaa Bassim, vicepresidenta del Comité.

Así, ha recalcado que los Estados "no deben deportar, extraditar ni expulsar de ninguna otra forma a una persona cuando existan motivos fundados para creer que existe un riesgo real de daño irreparable en el país de acogida". Además, ha subrayado que dicho riesgo "debe ser personal y evaluarse mediante una valoración individualizada de las circunstancias de cada persona".

En este sentido, el documento hace hincapié en que las personas con discapacidad tienen derecho a medidas de protección "específicas" y ha afirmado que "el interés superior del menor debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten".

"Se observa que las autoridades migratorias suecas no verificaron adecuadamente los certificados médicos presentados por E.B. durante el procedimiento interno. Dichos certificados demostraban que dependía de atención especializada de seguimiento regular, sin la cual su vida correría peligro, y que la atención médica esencial no estaba disponible en Albania", ha sostenido el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

"Tras la deportación de su familia en 2016, un hospital de Tirana (la capital de Albania) se negó a atenderlo cuando enfermó porque sus necesidades se consideraron demasiado complejas y, tras la segunda deportación en 2019, tuvo que depender de la medicación para la epilepsia enviada desde Suecia a través de una organización no gubernamental", detalla el documento.

Bassim ha señalado que "en un caso tan grave como el de E.B., los Estados deben hacer algo más que realizar revisiones estándar; deben evaluar cuidadosamente si una persona tendrá acceso real y efectivo a la atención médica y los medicamentos esenciales antes de proceder a su deportación".

El Comité determinó que, al no verificar si el menor tendría acceso a la medicación y la atención médica esenciales en Albania antes de deportarlo, las autoridades suecas "lo expusieron a un riesgo real de sufrir daños irreparables, violando su derecho a la vida y su derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes", por lo que ha solicitado a Suecia revisar exhaustivamente el caso y ofrecer una indemnización.