Malé, 17 abr (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) y otras nueve organizaciones de derechos humanos exigieron este viernes al Gobierno de Maldivas que detenga sus planes para restablecer la aplicación de la pena de muerte, tras el anuncio del Ejecutivo de presentar una ley para reactivar las ejecuciones el próximo mes.
Maldivas mantiene una moratoria no oficial sobre la pena capital desde 1954, pero el presidente Mohamed Muizzu declaró a finales de marzo su intención de llevar al Parlamento una legislación que facilite su uso antes de mediados de mayo.
"El proyecto de ley sobre la pena de muerte violaría las obligaciones internacionales de Maldivas en materia de derechos humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Maldivas se adhirió en 2006", denunció la coalición de ONGs en un comunicado conjunto.
Muizzu ha defendido la medida alegando que las ejecuciones se aplicarían solo a quienes hayan "agotado todas las etapas del proceso judicial". Según la Oficina Presidencial, el mandatario sostiene que reactivar la pena capital es "esencial para que Maldivas, como nación islámica, defienda la justicia y garantice la equidad social".
"Si el proyecto de ley se presenta ante el Parlamento durante esta sesión, los legisladores deberían rechazarlo, adoptar medidas para abolir la pena de muerte para todos los delitos y conmutar todas las condenas a muerte vigentes", declaró el comunicado de las ONGs.
En 2025, el Gobierno expandió el alcance de la pena capital en el país para incluir delitos de narcotráfico. Las personas condenadas por traficar grandes cantidades de drogas, incluyendo más de 350 gramos de cannabis, 250 gramos de diamorfina o 100 gramos de cualquier otra droga de la Lista 1, pueden enfrentar la pena capital.
Si bien se trata de una sentencia simbólica, existen 23 personas condenadas a muerte en Maldivas, tres de ellos ciudadanos bangladesíes, según un reporte de la ONG Defensores de los Derechos Humanos de mayo de 2025. EFE
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