Guelleh, un malabarista de los cambios constitucionales para aferrarse al poder en Yibuti

Nairobi, 8 abr (EFE).- Tras impulsar cambios constitucionales para poder postularse a las elecciones, Ismail Omar Guelleh busca este viernes en Yibuti un sexto mandato en unos comicios que afronta como el sexto presidente de África en activo que más tiempo lleva en el poder, pues gobierna desde 1999.

Guelleh, de 78 años y candidato de la coalición Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), tendrá como único rival al poco conocido opositor Mohamed Farah Samatar, líder del Centro de Demócratas Unificados (CDU).

Pocos dudan de que el mandatario, acostumbrado a victorias arrolladoras (ganó las elecciones de 2021 con el 98,58 % de los votos), vencerá en los comicios, a los que concurre con la promesa de mantener la estabilidad del país en una zona conflictiva.

"Hemos preservado la paz cuando otros han caído en el caos. Hemos construido infraestructuras, abierto obras de construcción y establecido alianzas estratégicas que posicionan Yibuti como un actor clave en el Cuerno de África y más allá", afirmó en su primer mitin de campaña el pasado 27 de marzo en la ciudad de Dikhil (sur).

Su quinto mandato obtenido en 2021 debería haber sido el último, según una reforma constitucional de 2010 que eliminó los límites de mandato y estipuló un límite de edad de 75 años, lo que le excluía de futuras elecciones.

Pero Guelleh, conocido también por las siglas IOM, se puede postular ahora después de que la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría, aprobara por unanimidad en noviembre pasado una enmienda constitucional que eliminó el límite de 75 años para los candidatos presidenciales.

El mandatario nació el 27 de noviembre de 1947 en Dire Dawa (actual Etiopía), en el seno del clan Ciise Dir, perteneciente a la etnia somalí.

Su padre, Omar Guelleh, fue uno de los primeros maestros nativos en la década de 1930, antes de trabajar para la Compañía Ferroviaria Franco-Etíope (CFE), que construyó la línea que conectaba Yibuti y capital etíope, Adís Abeba, y cuya sede central estaba en Dire Dawa.

De joven Guelleh asistió a una escuela islámica tradicional. En 1960 emigró a Yibuti, entonces conocido como Somalilandia Francesa, antes de terminar la educación secundaria.

En 1964, empezó a trabajar en el servicio de información general de ese territorio francés, pues hablaba amárico, somalí, árabe, francés, italiano e inglés.

En 1975, IOM fue suspendido de sus funciones bajo sospecha de transmitir información al movimiento independentista.

Posteriormente, se unió a la Liga Popular Africana por la Independencia (LPAI), presidida por su tío Hassan Gouled Aptidon, quien abogaba por la independencia, lograda en 1977, cuando éste accedió a la Presidencia.

Se convirtió en director de la policía secreta y jefe de gabinete en el Gobierno de Aptidon, quien creó el partido Concentración Popular por el Progreso (RPP, en sus siglas en francés), dominador de la política nacional desde 1979.

El 4 de febrero de 1999, el presidente anunció su retiro para las elecciones de ese año, que ganó Guelleh con algo más del 74 % de los votos, tras ser elegido por la RPP como aspirante presidencial con el beneplácito de su tío.

Guelleh derrotó en las urnas al candidato independiente Moussa Ahmed Idriss, quien fue arrestado en septiembre de ese año por "amenazar la moral de las Fuerzas Armadas".

Con Guelleh como segundo presidente yibutí, el país ha aprovechado su ventaja geográfica para invertir en infraestructura logística.

La estabilidad de Yibuti ha atraído a potencias como Francia, Estados Unidos, China o Japón, que han instalado bases militares en el país y suponen una fuente de ingresos importante para la economía yibutí.

Pese al avance económico, alrededor del 20 % de la población (formada, en su mayoría, por dos grupos étnicos: somalís y afar) vive en la pobreza, según el Banco Mundial.

El despegue de la economía también ha ido acompañado de una represión de la disidencia y un recorte de la libertad de prensa, según denuncian organizaciones pro derechos humanos. EFE