Dos detenidos por explotar a ciudadanos en situación irregular en un taller textil clandestino

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un taller textil clandestino ubicado en una localidad de la comarca valenciana de Camp de Túria en una operación en la que han detenido a dos hombres, de 44 y 52 años, que presuntamente explotaban a ciudadanos en situación irregular a los que hacían trabajar jornadas de más de 60 horas semanales por unos 1.000 euros mensuales.

A los detenidos se les considera presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y a uno de ellos se le imputan también los delitos de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar, según ha informado la Policía en un comunicado. Hasta 26 personas supuestamente se encontraban trabajando en el taller sin contrato ni alta en la Seguridad Social, de las que 24 estaban además en situación irregular en España.

La investigación policial, llevada a cabo por agentes de la Comisaría Local de Xirivella-Aldaia-Alaquàs, se inició a raíz de una inspección conjunta de Policía Nacional e Inspección de Trabajo y Seguridad Social en octubre de 2025 en un inmueble situado en un municipio de Camp de Túria, donde se sospechaba que podría estar desarrollándose una actividad textil irregular.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que en el lugar se había instalado un taller textil que operaba sin licencia de actividad, en cuyo interior trabajaban 26 personas confeccionando prendas para diversas empresas del sector, sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Asimismo, dos de los empleados vivían en una de las estancias del inmueble, en "condiciones insalubres" y supuestamente eran utilizados por el principal investigado para garantizar el funcionamiento del taller.

Los agentes averiguaron que los empleados irregulares realizaban largas jornadas laborales que, en ocasiones, llegaban a superar las 60 horas semanales, percibiendo a cambio retribuciones de unos 1.000 euros mensuales, todo ello al margen de la normativa laboral vigente.

Asimismo, durante la inspección localizaron una furgoneta utilizada para trasladar diariamente a los trabajadores desde el área metropolitana de València hasta el taller, así como para el transporte de las prendas confeccionadas a las empresas que subcontrataban la producción textil.

ENTRAMADO SOCIETARIO

Los investigadores pudieron determinar que la actividad del taller se realizaba a través de una empresa mercantil que emitía facturas a diversas firmas del sector, a fin de dotar de apariencia de legalidad a la actividad que desarrollaban. Además, detectaron la existencia de un entramado societario vinculado a la actividad delictiva, en el que una segunda empresa figuraba como sociedad matriz de la que realmente explotaba el taller.

Los policías también constataron tras la inspección que algunos bienes vinculados a la actividad delictiva figuraban a nombre de personas del entorno familiar del principal investigado, con el objetivo de dificultar la identificación del verdadero titular.

Asimismo, a partir del análisis de los movimientos bancarios, detectaron ingresos superiores a los 300.000 euros en apenas ocho meses de actividad procedentes de las empresas cliente.

ROTURA DEL PRECINTO

Tras realizarse la inspección, el taller quedó precintado, si bien los agentes detectaron indicios de que la actividad continuaba desarrollándose en el mismo lugar, por lo que tuvo lugar una nueva inspección en febrero de este año, en la que se constató que se había reanudado el funcionamiento y que el principal investigado continuaba gestionando encargos de producción en él.

Tras finalizar la investigación policial, los agentes detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en la gestión del entramado empresarial empleado para la explotación del taller textil, a los que se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. Al principal investigado se le considera también presunto autor de los delitos de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar.

Este último pasó a disposición judicial, mientras que el otro arrestado fue puesto en libertad tras ser oído en declaración, una vez advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.