San José, 7 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce, quien guarda prisión desde julio de 2025 en medio de acusaciones oficiales de una millonaria estafa al Estado, informó este martes un organismo humanitario.
En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de Arce y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
Arce, de 77 años y exasesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia, fue declarado culpable en enero de estafar al Estado por cerca de 5.000 millones de dólares, según la Procuraduría, mientras sus familiares alertaron sobre su deterioro físico, en un contexto de denuncias de violaciones de derechos humanos contra el Gobierno de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El exasesor de Ortega estaría recluido bajo régimen de aislamiento, sin acceso a atención médica para sus padecimientos crónicos y en condiciones inadecuadas de reclusión, indicó la CIDH.
Asimismo, señaló que, después de la detención de Arce, su núcleo familiar estaría siendo objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de persecución por parte de agentes estatales. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.
"Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo y podría estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de persona mayor y privada de libertad", apuntó ese organismo en su resolución.
De igual manera, la CIDH identificó un patrón de persecución en contra de sus familiares por su relación directa con el beneficiario.
Por consiguiente, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Arce, así como que garantice que las condiciones de su detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, considerando su condición de persona mayor.
Además, que el Estado realice de manera inmediata una valoración médica integral sobre su estado de salud, se garantice atención adecuada básica y especializada, y se permita el acceso oportuno a los medicamentos necesarios, al igual que la garantía de tener contacto regular y acceso con sus familiares y representantes.
También, que tome las acciones para garantizar que su núcleo familiar no sea objeto de vigilancias, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia.
Al menos siete disidentes y críticos del Gobierno sandinista han muerto bajo custodia, entre ellos Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega, quien falleció el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras cuestionar la “sucesión dinástica” en el país.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. EFE
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