El Senado de México aprueba el 'plan B' de la reforma política de Sheinbaum, pero deja fuera el revocatorio

Tras un intenso debate de más de seis horas, los legisladores respaldaron solo ajustes administrativos y recortes presupuestales promovidos por la mandataria, mientras la propuesta de modificar los tiempos de la revocación quedó descartada por presiones aliadas

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La intervención del senador Lizeth Sánchez del Partido del Trabajo (PT) evidenció las preocupaciones de ese partido sobre la coincidencia entre el proceso de revocación de mandato y las elecciones previstas para 2027, señalando que cada evento persigue fines distintos dentro del sistema democrático mexicano. Según informó la agencia Europa Press, el Senado de México aprobó el llamado ‘plan B’ de reforma política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero finalmente dejó fuera la modificación al Artículo 35 de la Constitución que habría permitido adelantar la revocación de mandato presidencial.

Europa Press reportó que la sesión se prolongó durante más de seis horas y finalizó con 87 votos a favor y 41 en contra. La medida fue respaldada principalmente por la bancada oficialista y sus aliados, aunque el PT, considerado el socio más pequeño de la coalición, fijó su postura para mantener la revocación en 2028 y no unificarla con los comicios federales y locales previstos para 2027. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la oposición celebró esta decisión.

El Partido del Trabajo argumentó que, más allá del respaldo a la idea central del proyecto de Sheinbaum, orientada hacia la austeridad y la promoción de la participación ciudadana, existía el riesgo de “distorsionar” el sentido democrático de la revocación si coincidía con las elecciones generales. La senadora Sánchez sostuvo que estos procesos cumplen objetivos independientes y cuentan con dinámicas distintas, lo que exige que se mantengan separados para garantizar la integridad del ejercicio democrático. “No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla (...) frente a presiones externas o tensiones internas” que pretendan distorsionarla, afirmó la legisladora, citada por Europa Press.

El texto legislativo aprobado se centra ahora en tres puntos: medidas de austeridad, reducción del gasto legislativo tanto en los congresos locales como en el Senado, y ajustes al salario de los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de modo que ninguno supere el salario del jefe del Ejecutivo. Europa Press detalló que esta versión del ‘plan B’ deja fuera modificaciones sobre la representación proporcional o financiación de partidos, puntos centrales en el proyecto original.

Europa Press explicó que el camino de esta reforma comenzó luego de que la Cámara de Diputados no avalara la propuesta inicial, cuyo enfoque era, además de disminuir el gasto público en el sistema electoral, redefinir la representación proporcional en el Congreso y modificar las asignaciones a los partidos. No obstante, la versión final alcanzada por el Senado apunta principalmente a la reducción de privilegios y beneficios económicos, incluidos los que reciben antiguos altos cargos de empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocidas como ‘pensiones doradas’.

Europa Press también recogió la posición de la presidenta Sheinbaum, quien lamentó en su conferencia matutina que el Senado no haya aprobado los cambios al Artículo 35 de la Constitución. Sheinbaum indicó: “Pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron”. La mandataria explicó que su propuesta no buscaba obligatoriedad en adelantar el revocatorio, sino ampliar la posibilidad para que la consulta ocurriera en el tercer o cuarto año del periodo presidencial, si se reunían las firmas necesarias para solicitarla.

Sheinbaum interpretó la decisión como resultado del “temor” de que la figura presidencial tuviera impacto en el electorado si el ejercicio de revocación coincida con las elecciones generales, aunque descartó que esto pudiera representar una influencia decisiva en la orientación del voto. Argumentó que la revocación de mandato y la elección constitucional son procesos distintos y que no necesariamente inciden uno sobre el otro.

El texto aprobado en el Senado ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde aún debe completarse el proceso legislativo. Si resulta ratificado, las reformas establecerían límites salariales en el sector público electoral y reducirían la cantidad de concejales, acciones justificadas por los impulsores como una vía para disminuir el gasto del Estado y combatir lo que consideran privilegios excesivos en el ámbito político-administrativo.

El debate sobre la coincidencia de la revocación de mandato con los comicios federales se mantiene abierto, pues distintos actores políticos consideran que juntar ambos procesos puede provocar confusión entre los votantes y poner en juego el sentido democrático y ciudadano de la revocación. Europa Press consignó que mientras el oficialismo buscaba mayor flexibilidad en el calendario de la consulta, la oposición y socios minoritarios del bloque oficialista se manifestaron contrarios a cualquier intento de solapamiento y abogaron por preservar el diseño constitucional actual.

La reforma política de Sheinbaum, en su versión original, había propuesto una transformación integral del sistema electoral mexicano, buscando ajustar el financiamiento público de los partidos y modificar el mecanismo de representación proporcional en ambas cámaras legislativas. Tras las negociaciones y el rechazo inicial en la Cámara Baja, el proceso dio paso a un ‘plan B’ limitado a recortes presupuestales, la eliminación o reducción de privilegios y una nueva regulación sobre el salario de los funcionarios del órgano electoral. Según Europa Press, la presidenta celebró estos avances parciales, aunque reiteró su descontento por la exclusión de la consulta anticipada de revocación.

Europa Press reiteró que el tema de la revocación de mandato ha estado en el centro de la agenda política mexicana desde hace varios años, siendo objeto de posturas encontradas entre quienes consideran oportuno ampliar la potestad ciudadana de remover a los mandatarios y quienes advierten sobre el riesgo de mezclar procesos electorales con finalidades distintas. La decisión del Senado deja sin modificación la fecha constitucional prevista para la próxima consulta de revocación, que ocurrirá en 2028.

El papel del PT resultó determinante en la votación final, ya que pese a ser un aliado político del oficialismo apoyó la reforma solo en lo relativo a ajustes económicos y en la defensa del carácter único y separado de cada proceso democrático. Esta postura encontró eco en la bancada opositora, que celebró que no hubiera cambios en los tiempos de consulta para la eventual remoción del presidente o presidenta.

El avance del ‘plan B’ a la Cámara de Diputados representa una etapa más en la discusión sobre los límites, alcances y tiempos de los instrumentos de democracia directa en México. Europa Press concluyó que, por el momento, quedaron definitivamente descartadas y sin apoyo parlamentario las propuestas de modificar los tiempos de la revocación, por lo que sólo prosperaron los ajustes administrativos y los recortes presupuestales planteados por el Ejecutivo.