HRW denuncia "restricciones arbitrarias" contra el acceso público al juicio contra el alcalde preso de Estambul

Durante las sesiones recientes en el juicio contra Ekrem Imamoglu, representantes de Human Rights Watch observaron disputas constantes por la distribución de asientos en la sala y describieron una presencia notoria de gendarmes, además de controles rigurosos de identidad y acceso en el complejo judicial. Según informó la organización, estas medidas han influido de manera decisiva en la asistencia pública y en la labor de la prensa en el proceso, que se desarrolla en el complejo penitenciario de Marmara, en Silivri, el distrito más alejado del centro de Estambul, ubicado a 70 kilómetros.

De acuerdo con Human Rights Watch, el 40º Tribunal de lo Penal de Estambul ha decidido restringir el ingreso de abogados, familiares, ciudadanos y periodistas al juicio en el que está siendo procesado Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul y figura clave de la oposición al presidente Recep Tayyip Erdogan. La ONG detalló que estas restricciones afectan también a otros 406 funcionarios y colaboradores relacionados con el caso, quienes han sido señalados desde el 9 de marzo de 2026 por presuntos delitos de corrupción que, según la organización, estarían motivados políticamente.

Tal como publicó Human Rights Watch, desde que comenzó el juicio se han limitado severamente los cupos para familiares y abogados por cada persona acusada, y se ha restringido el acceso de simpatizantes, representantes de la oposición política y letrados observadores. El público general también ha tenido prohibido el ingreso a la sala, medida que la ONG interpreta como un retroceso en el principio de transparencia de los procesos judiciales.

Las audiencias se celebran en un espacio de grandes dimensiones, similar a un pabellón deportivo. El diseño de la sala, relatado por la ONG, coloca a los jueces y al fiscal en uno de los extremos, frente a un número elevado de acusados que permanecen bajo custodia preventiva y están rodeados de fuerzas de seguridad. Detrás de estos, se ubican los acusados en libertad y, a ambos lados, los abogados defensores en filas elevadas. El espacio destinado al público y a la prensa se reduce a un sector en la parte trasera del recinto, que Human Rights Watch califica como insuficiente para la demanda de cobertura y seguimiento del caso.

Tras un incidente en el que un periodista dirigió una pregunta a Imamoglu durante su salida de la sala, la Corte dictaminó que los reporteros solo podrían permanecer en una esquina trasera, dificultando la visibilidad y audición de las audiencias. Human Rights Watch, según consignó en su comunicado, ha calificado este espacio como un “punto ciego” y sostiene que la cobertura periodística resulta limitada, impidiendo la observación detallada del desarrollo del juicio.

El subdirector para Europa y Asia Central de la organización, Benjamin Ward, enfatizó que “el principio fundamental de que la justicia debe ser visible exige el acceso de periodistas, abogados y el público, especialmente cuando se trata de funcionarios electos y los procedimientos revisten un gran interés público”. Según reportó Human Rights Watch, Ward añadió que la presencia de espacio vacío en la sala sugiere que se podría acomodar a un mayor número de observadores, abogando porque los medios puedan realizar su labor informativa sin obstáculos y el público mantenga la posibilidad de asistir al proceso.

Las restricciones se adoptaron después de que, según publicó Human Rights Watch, varias sesiones resultaron tensas y se produjeron desacuerdos por la asignación de asientos entre diversas partes involucradas, incluidos medios de comunicación y políticos. La ONG sostiene que, al limitar el acceso, el tribunal vulnera tanto la legislación nacional como normativas internacionales que garantizan el carácter público de los juicios.

Según informó la organización, la sala en la que se desarrolla el proceso cuenta con capacidad considerable, pero solo una pequeña porción de la misma está destinada actualmente para la observación ciudadana y periodística. Human Rights Watch sostiene que esta decisión “socava la confianza en el proceso” e insta a las autoridades turcas a que permitan el acceso de periodistas y observadores para que puedan informar sobre el caso.

Además, la organización de derechos humanos advierte que la fuerte presencia de seguridad, las barricadas y los controles de identidad –implementados tanto en los accesos al estacionamiento del complejo como en la entrada al edificio judicial– contribuyen a aumentar la dificultad de acceder al proceso, incluso para quienes, en principio, tendrían autorización para presenciar el juicio.

En el comunicado, Benjamin Ward afirmó: “Imponer restricciones arbitrarias al acceso a este caso socava la confianza en el proceso y viola el requisito, tanto del derecho turco como del Derecho Internacional, de que la justicia se administre públicamente”. Según consignó Human Rights Watch, Ward exigió que las autoridades turcas permitan una cobertura informativa amplia y sin obstáculos, a fin de fortalecer la transparencia y la confianza pública en los procedimientos judiciales.

La situación legal de Imamoglu, principal figura del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), continúa generando atención nacional e internacional debido a la trascendencia política del proceso y a su impacto sobre el futuro político local. Human Rights Watch resalta que este juicio ha suscitado un notable interés social y mediático, lo que incrementa la demanda de acceso y transparencia en las audiencias.

Estos reclamos de organizaciones internacionales ponen en cuestión la imparcialidad del proceso y refuerzan los interrogantes sobre los estándares de acceso a la justicia y la libertad de prensa en Turquía, según el seguimiento y los reportes de Human Rights Watch.