Ciudad de Panamá, 19 mar (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó este jueves a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, de actuar de manera irregular mientras operó, durante casi tres décadas, dos puertos cercanos al Canal, de los que salió en febrero pasado tras ser declarada nula la concesión por el Supremo panameño.
Mulino respondió así a los reclamos de PPC de que el Estado panameño supuestamente ignora el proceso de arbitraje internacional iniciado tras la retirada de la concesión de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), y de deteriorar la confianza de los inversores extranjeros en el país centroamericano.
"Los únicos que deterioraron el país fueron ellos (PPC) con todas las maleanterías que hicieron durante la vida de ese contrato" ley de concesión, firmado en 1997 y sometido a lo largo del tiempo a una serie de adendas muy cuestionadas en el país, afirmó el jefe de Estado a los periodistas.
"Es totalmente falso" que la decisión sobre la concesión de los puertos deteriore la confianza de los inversionistas, pues Panamá mantiene "el grado de inversión bien" y su economía está "creciendo", argumentó Mulino.
Las "bellezas", dijo Mulino con ironía, que habría hecho PPC en Panamá "y el atraco que fue eso" para el país serán reveladas en una comunicación oficial que será difundida "si no es hoy, mañana" viernes, agregó.
El presidente panameño tildó de "infamia y mentira" que su administración ignore el arbitraje contra Panamá por 2.000 millones de dólares activado por PPC, de acuerdo con la información suministrada por portavoces de la filial de CK Hutchison.
Sí es cierto que Panamá pidió un "tiempo" para nombrar a sus abogados, pero fue así porque el país fue notificado "un miércoles y había que decirlo el viernes" siguiente. Además, pedir plazos "es común" en este tipo de procesos, dijo Mulino.
"Nosotros hemos designado abogados internacionales que nos van a defender, y bien, defendidos en ese proceso de arbitraje", aseveró el gobernante, un abogado especializado en Derecho Marítimo.
El Supremo de Panamá anuló el 30 de enero la concesión de 25 años a PPC, así como sus adendas y la prórroga por el mismo periodo aprobada en 2021, en respuesta a dos demandas de la Contraloría General.
El fallo inapelable llegó después de años de denuncias contra la concesión por presunta lesión al Estado, muchas de ellas formalizadas ante los organismos correspondientes pero que no prosperaron, lo que dio paso a acusaciones de corrupción.
También en medio de la presión de EE.UU., que acusó una supuesta influencia de China en el Canal por la presencia de Hutchison en los puertos cercanos, y también de Pekín, que impidió que el conglomerado con sede en Hong Kong vendiera a un consorcio liderado por el gestor estadounidense de activos BlackRock unas 40 terminales alrededor del mundo, incluidas las panameñas.
La afectación a la soberanía o la falta de equilibrio económico están entre los principales argumentos que sustentan el fallo del Supremo panameño, que dio paso a la ocupación -en febrero- de los dos puertos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que ha negado que se trate de una expropiación mientras PPC habla de toma ilegal.
La AMP entregó la operación transitoria, por hasta 18 meses, del puerto de Balboa a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), empresas que son los principales usuarios de esas terminales. EFE