Delegado en Cantabria dice que el Ayuntamiento de Santander "tenía" que mantener la pasarela siniestrada en El Bocal

El Gobierno de España ha remitido a la jueza encargada del caso toda la documentación relacionada con la obra de la senda costera de El Bocal, en Santander, incluyendo el proyecto, los certificados correspondientes y los documentos de recepción, en respuesta a las cuestiones que han surgido tras el derrumbe de la pasarela que dejó seis víctimas mortales, según detalló el medio Europa Press. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), explicó que el Ejecutivo central colaborará con el proceso judicial y enviará cualquier información adicional que demande el juzgado.

De acuerdo con Europa Press, Casares subrayó que el Gobierno central fue el encargado de ejecutar, financiar y promover la obra, e informó que la parte terminada de la senda costera se recepcionó formalmente. A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Santander adquirió la obligación de mantener la infraestructura, tal como establecía un acuerdo firmado por escrito entre ambas administraciones.

El delegado remarcó que la responsabilidad de mantener la pasarela recaía sobre el Consistorio, no sobre agentes o funcionarios individuales. En relación con el aviso recibido por una agente de la Policía Local el día anterior al derrumbe, quien no adoptó medidas tras un aviso sobre el mal estado de la estructura, Casares afirmó que la cuestión de si ese hecho implica una actuación inadecuada corresponde ser determinada por la justicia. Sin embargo, sostuvo que no se puede responsabilizar a un policía local de forma individual, sino que corresponde analizar el papel del Ayuntamiento como administración responsable.

Europa Press difundió que Casares insistió en que tratar de desviar la atención –como interpretó ocurre con las recientes declaraciones del gobierno local de Santander– o trasladar la carga de responsabilidad a otras administraciones solo favorece la desinformación. Según el delegado, la transparencia debe ser total y cada institución debe asumir su parte en los hechos.

En sus declaraciones, Casares cuestionó también por qué el Ayuntamiento permitió el uso de la senda costera en caso de que la obra no hubiera estado completamente finalizada o recepcionada, asunto que ha sido planteado por las autoridades municipales en los últimos días. Según el delegado del Gobierno en Cantabria, si la vía era competencia local, corresponde también a la administración municipal garantizar su correcto uso y seguridad para la población.

Sobre la reacción del Consistorio tras la notificación sobre el estado de la pasarela de El Bocal, Casares atribuyó la falta de acción a la ausencia de protocolos efectivos y deficiencias administrativas dentro del propio Ayuntamiento de Santander. Señaló que estos problemas de funcionamiento no pueden recaer sobre los empleados públicos, sino que forman parte de la responsabilidad de la administración local.

Tal como publicó Europa Press, Casares subrayó la importancia de que todos los actores implicados colaboren en la investigación y depuración de responsabilidades, en aras de conocer los hechos y buscar que una situación similar no vuelva a producirse. Añadió que el Gobierno de España mantiene su disposición para cooperar completamente con la justicia y con los familiares de las víctimas.