Consumo quiere obligar a las grandes superficies a etiquetar en braille alimentos con alérgenos o productos peligrosos

El plazo de consulta pública para la nueva normativa que pretende regular el etiquetado accesible en productos alimenticios y mercancías consideradas sensibles permanecerá abierto hasta el 12 de abril, permitiendo a organizaciones, personas particulares y sectores afectados presentar aportaciones y comentarios sobre la propuesta. La medida, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, representa la fase previa a la eventual aprobación de un real decreto enfocado en garantizar que las personas con discapacidad visual dispongan de información clara y comprensible sobre los productos adquiridos, especialmente aquellos que puedan representar un riesgo para la salud o la seguridad.

De acuerdo con la información difundida por el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, y recogida por varias plataformas informativas, el objetivo principal es asegurar el derecho a la información de las personas con discapacidad visual frente a alimentos que contienen alérgenos y a productos como cosméticos o de limpieza con sustancias peligrosas. El real decreto afectaría exclusivamente a grandes superficies comerciales con una extensión igual o superior a 400 metros cuadrados. Estas tiendas deberán ofrecer, bajo solicitud, etiquetas en sistema braille que permitan identificar la naturaleza del producto, la marca comercial, posibles advertencias relativas a peligros o alergias, así como la fecha de caducidad o el consumo preferente.

El medio El País detalló que la inclusión de estas etiquetas podrá hacerse directamente en el envase del producto o mediante un etiquetado adicional, siempre que las dimensiones del producto limiten el espacio disponible. En la experiencia de compra, el texto propuesto demanda una atención personalizada para quienes lo requieran, facilitando asistencia específica a las personas con discapacidad visual mientras realizan sus compras en estas superficies.

La medida no se limita al ámbito físico. También las plataformas de venta en línea asociadas a las grandes superficies deberán habilitar una opción que permita a la persona compradora solicitar, junto con su compra, la entrega de productos con el etiquetado accesible correspondiente en lenguaje braille, según recogió el medio El Mundo. Además, las empresas podrán añadir cualquier otro dato relevante en braille sobre los productos si lo consideran adecuado.

Según reportó el medio 20Minutos, la elaboración del real decreto ha sido fruto de una colaboración entre la Dirección General de Consumo y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad. El proceso ha contado con la participación y puesta en común con organizaciones como la ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y otras asociaciones clave dentro del ámbito de la discapacidad, lo que ha permitido ajustar el texto normativo a las necesidades reales de las personas a quienes va dirigido.

Entre las peculiaridades de la propuesta, según publicó La Vanguardia, figura la exigencia de que las grandes superficies faciliten la opción accesible únicamente para aquellos productos que puedan implicar riesgo para la salud del consumidor con discapacidad visual, como pueden ser los productos alimentarios que incluyan alérgenos, así como mercancías clasificadas como peligrosas en la normativa vigente.

El proceso de información pública implica que cualquier persona o entidad interesada, ya sea a nivel particular o en representación de sectores económicos o sociales, puede presentar observaciones o sugerencias durante el tiempo estipulado, tal como señalaba el comunicado ministerial difundido a diversos medios nacionales. La consulta servirá para recoger impresiones y mejoras antes de que el texto pase a la fase final de tramitación.

El ministerio destacó a través de las fuentes consultadas que esta normativa responde a la obligación de garantizar derechos fundamentales reconocidos en la legislación nacional y europea para personas con discapacidad. La futura regulación pondrá el foco en aquellas empresas que, por su tamaño o volumen de operaciones, están en disposición de implementar estos cambios sin que ello resulte desproporcionado.

De acuerdo con la información publicada por EFE, el proyecto del real decreto forma parte de una política integral y transversal de la administración pública para mejorar la accesibilidad y la autonomía de las personas con discapacidad, alineándose con compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de inclusión.

El texto anunciado continuará su tramitación tras el cierre del periodo de información pública, incorporando las aportaciones relevantes antes del envío a los órganos pertinentes para la aprobación definitiva. Si la norma entra en vigor, supondrá la introducción de condiciones de accesibilidad obligatorias para grandes superficies en España, tanto en el canal físico como en el digital, respecto a productos señalados como de riesgo para personas con discapacidad visual, según fuentes ministeriales.